En el marco de las reuniones que ha sostenido el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con actores del mundo político y económico para abordar el pacto fiscal que quiere impulsar el Ejecutivo, una de las medidas que presentó el titular de la cartera a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), como parte de los incentivos a la formalización consiste en la “eliminación o reducción sustancial de la exención de IVA a bienes importados por hasta US$41 (antes US$30)”. Esto ha generado visiones contrapuestas entre los gremios del comercio y los de protección al consumidor.

Hasta ahora, al comprar en línea en sitios extranjeros, se debía pagar el arancel aduanero (6%) y el IVA (19%). Sin embargo, si las compras cumplían con ciertos requisitos, como ser ocasionales, no tener fines comerciales y tener un valor máximo de hasta US$ 41, estaban exentas de pagar derechos de aduana e IVA. De hecho, ese valor fue aumentado recién en abril, ya que antes de esa fecha el monto máximo con exención eran US$30.

El arancel aduanero se calcula sobre el Valor CIF de la mercancía -el cual incluye el valor del producto en el país de origen, así como los costos de flete y seguros asociados al transporte hasta el lugar de destino-. El IVA, en tanto, se aplica sobre el valor CIF y el arancel aduanero.

Sin embargo, una de las 36 medidas propuestas por Hacienda en el marco de los diálogos por un pacto fiscal, es justamente reducir “sustancialmente” o incluso eliminar la exención de dichos pagos.

Desde el Ministerio de Hacienda explican que el aumento del límite realizado recientemente es porque “la Ley 20.997 sobre Modernización de Aduanas mandata reajustar periódicamente el límite exento a la importación de bienes según un Índice de Precios Internacional. Por esta razón el límite cambió de US$ 30 a US$ 41″.

Sobre el el objetivo de eliminar esta exención, dicen desde Teatinos 120 que “es reducir el espacio a la evasión del pago del IVA en la importación de bienes pues se ha detectado que algunos contribuyentes subdeclaran el valor de importaciones para acceder a la exención, y luego realizan ventas en el mercado doméstico de manera informal”.

Desde la mirada del comercio, María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), asegura que desde el gremio apoyan la medida. “Nuestro gremio la ha solicitado en reiteradas oportunidades debido a las grandes distorsiones que genera a la libre competencia. La existencia de esta norma genera incentivos al fraude y evasión aduanera y fiscal”.

El fenómeno de la subvaloración aduanera de los productos adquiridos desde algunos orígenes se ha hecho cada vez más frecuente, dice Vial, y agrega que el objetivo de dicha práctica sería acogerse a la cláusula de Minimis (o flexibilidad), simulando que el producto vale menos de US$ 41, defraudando al fisco.

“En nuestra opinión, esta medida debiera ser acompañada con el cambio de sujeto retenedor del IVA de esas compras, desde el proveedor internacional hacia los medios de pago, tal como ocurre con las importaciones de servicios de plataformas digitales. De ese modo, el cálculo de los derechos e impuestos a pagar se produce de manera automática al realizar el pago internacional, al igual que la retención de dichos impuestos”, agrega.

Además, la líder de la CCS asegura que esta medida en muchos casos contribuiría a mejorar la competencia, equilibrando las reglas para el comercio formal, y se protegería a la industria local y a los pequeños comercios al exigir obligaciones legales y tributarias a productos de valor inferior a US$41. Esto beneficiaría a los negocios que cumplen con todas las formalidades y tributos, dice, nivelando la competencia con importaciones informales.

En tanto, Christian Aste, presidente de la Comisión Tributaria de la CNC, asegura sobre la medida que “nuestro gremio apoya todas las medidas que apunten a que exista igualdad y legitima competencia”, señalando a modo de ejemplo que “por lo mismo hemos sugerido eliminar la exención de IVA que actualmente favorece a Correos de Chile, en perjuicio de los otros couriers”.

Sobre el efecto de la medida en el comercio, señala que “desconocemos el efecto que esta medida puede tener. Lo que sabemos es que cada vez hay más y más informalidad. Por lo mismo, hemos sugerido un mono tributo que se condiga con la realidad de las microempresas. En esa misma línea, hemos promovido también, y hace rato, un sistema progresivo para las empresas que no sean pymes, para las cuales corresponde un trato diferenciado, con una tasa en primera categoría de un 10%”.

Bajo la mirada de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), esta medida lo que haría sería afectar a los consumidores. Hernán Calderón, presidente de la organización, asegura que “nos parece que no es correcto porque no es una cifra que de verdad esté teniendo tanta incidencia, salvo que el Ministerio de Hacienda o el Servicio de Impuestos Internos (SII) tengan los datos de cuánto es lo que se importa por esa cantidad. Entonces, ese es un monto bastante menor, respecto a los otros”.

Y agrega sobre el monto de US$ 41 que “estamos hablando de aproximadamente $30 mil pesos. La verdad es que, por los montos, que son bastante menores, si la medida se plantea por el tema de evasión para la venta, lo que tiene que haber aquí es un control mayor del comercio ilegal. Pero si son para consumo propio yo creo que no corresponde que se restrinja ese monto que es bastante menor”.

Lo anterior, asegura, ya que en el comercio ilegal no se importan cantidades tan bajas como US$ 41 y que son miles de millones de dólares los que se traspasan en contenedores y cargamentos completos. “Eso es lo que tiene que controlarse. Yo creo que si pensamos que esto es para no aumentar el comercio ilegal, creo que estamos, estamos mirando equivocadamente”, añade.

Además, sostiene que la medida tampoco iría en la línea correcta si es que tiene por objetivo poder llegar a tener mayor recaudación. “Si va por ese lado, por el tema de la recaudación, yo creo que no tiene mayor incidencia. Son montos bastante menores”.