Fin del IFE Laboral: benefició a casi un millón de personas durante el actual gobierno

El mercado laboral está siendo exigido. Más personas salen a buscar empleo, pero las vacantes sólo han registrado caídas. De hecho, de acuerdo a datos del Banco Central el Índice de Avisos Laborales por Internet cayó 37,31% en agosto.

Esto mismo se reflejó en la última encuesta de Empleo del INE correspondiente al trimestre junio-agosto. En ese período, el empleo subió 1,7% respecto al mismo lapso del ejercicio pasado. Esta es la menor tasa de crecimiento para esta variable desde abril de 2021, también en medio de la crisis sanitaria. Si se analiza la creación de empleo ajustada por estacionalidad, en el último trimestre informado se destruyeron 12.268 puestos de trabajo en relación al trimestre móvil inmediatamente anterior. Esta es la primera caída en el empleo, calculada de esta forma, desde noviembre del año pasado.

Precisamente para contener y apuntalar la creación de empleo, el gobierno mantuvo entre marzo de 2022 y junio de 2023 el IFE Laboral, el cual se extendía por tres meses desde que se postulaba. En este caso, si una persona postuló en junio, el beneficio tuvo una duración hasta septiembre, es decir, hace pocos días recibieron el beneficio los últimos trabajadores inscritos.

Y por lo mismo, como balance, el Servicio de Capacitación y Empleo (Sence) afirma que desde que asumió el gobierno, 994.318 personas han recibido el IFE Laboral, tras haber postulado entre marzo de 2022 y junio de 2023, con una inversión pública de $489 mil millones, unos US$540 millones.

Según detalló el Sence, del total de beneficiarios, el 66% (656.997 personas) pertenecen a grupos a los cuáles históricamente les ha sido más difícil ingresar o reinsertarse en el mundo del trabajo, tales como mujeres, personas con discapacidad, jóvenes menores de 25 años y personas mayores de 55 años. En su conjunto, este grupo accedió a recursos por un monto de $382.287 millones.

Dentro de este programa destaca la presencia de las mujeres, que totalizaron 474.751 beneficiarias, que con un desembolso de $280.705 millones.

Juan Bravo, director del OCEC-UDP afirma que “es razonable la implementación de políticas de subsidio al empleo en periodos de contracción de la actividad económica”. Sin embargo, argumenta que “no es posible sostener permanentemente la generación de empleo asalariado formal en el sector privado a punta de subsidios, ya que esta es una política que implica destinar cuantiosos recursos fiscales”. Por ello, acotó que “la única forma para generar un ritmo elevado de empleo asalariado formal en el sector privado es recuperar la capacidad de crecer a tasas altas”.

El director del Centro de Encuesta y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, acotó que esta es “una política conceptualmente correcta, porque es un subsidio que se entrega a los nuevos empleos y porque se entrega directamente al trabajador o trabajadora y es de corta duración”.

El economista explicó que “cuando se instauró, se sugirió poner montos diferenciados para mujeres y personas de 55 años y más, porque eran los que estaban más rezagados en la recuperación de la pandemia”.

Ante esta pregunta, los economistas plantean distintas alternativas, uno menciona que se debe recuperar la capacidad de crecimiento para que los empleos sean sostenibles en el tiempo sin requerir la necesidad de subsidios, mientras que otros plantean la visión de mantener el IFE laboral, pero con nuevas focalizaciones.

En este punto, Juan Bravo sostiene que recuperar la capacidad de crecimiento del país “se torna un elemento esencial para estimular la generación de empleo asalariado formal en el sector privado”. Por ello, enfatiza que “las políticas públicas que se impulsen deben evitar dañar el crecimiento económico”.

Además, el experto dice que “existe una serie de áreas en donde la economía chilena tiene posibilidades de mejorar, como son las relacionadas a la calidad de la educación y de la capacitación y formación continua, mejorar la adopción tecnológica, reducir burocracia y permisos excesivos para realizar negocios, reformar regulaciones laborales que inhiben la contratación de empleo asalariado formal en el sector privado, entre otras”.

Para Bravo se debería mantener esta política, pero evaluando los montos y la diferenciación de entre grupos o, por ejemplo, en dar un subsidio mucho mayor en las zonas centro y sur. “Algo que me preocupa son las medidas que ya se han tomado y pueden tener un efecto negativo sobre este déficit de empleos. En particular, creo que en este contexto de emergencia laboral el alza del salario mínimo puede dificultar seriamente la inserción laboral que requerimos”, subrayó.