En octubre de 2022, el abogado Cristián Reyes, exjefe de la División de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), denunció a Apple y Google ante el organismo por presuntas prácticas anticompetitivas en sus tiendas de aplicaciones. La denuncia cuestionó la obligatoriedad de utilizar los sistemas de pago propios de ambas empresas, la restricción de comunicación con los usuarios y las altas comisiones aplicadas a los desarrolladores.

La FNE evaluó los antecedentes y, en marzo de 2023, confirmó que investigaría a ambas compañías por posible abuso de posición dominante en el mercado chileno.

El 27 de febrero de 2025, la Fiscalía Nacional Económica emitió un oficio en el marco de esta investigación, dirigido a diversas empresas del sector tecnológico, como desarrolladores de apps y procesadoras de pago. La solicitud fue firmada por Gastón Palmucci, jefe de la División de Antimonopolios de la FNE.

En el documento, el organismo requiere que los destinatarios “indiquen si su representada presta o se encuentra evaluando comercialmente prestar servicios relativos a medios de pago a desarrolladores de aplicaciones que comercializan bienes digitales y que son distribuidas en las tiendas Google Play, App Store u otra”.

También exige detalles sobre su modelo de negocios y el marco regulatorio que rige sus actividades. La FNE solicita que las empresas “indiquen el segmento del mercado de medios de pago en que participa su representada, proporcionando una descripción detallada de su modelo de negocios y qué servicios presta o podría prestar a dichos desarrolladores”.

Las empresas oficiadas tenían hasta el 11 de marzo de 2025 para entregar la información solicitada.

Cercanos a la investigación señalan que la causa se ha extendido durante varios años debido a las dificultades para recolectar información de los presuntos afectados. Tanto los desarrolladores de aplicaciones como las procesadoras de pago han enfrentado barreras para entregar antecedentes. Los primeros, porque deben pagar comisiones a Apple y Google por la venta de programas o accesorios digitales; los segundos, porque no han podido ingresar al mercado para ofrecer sus servicios, ya que ambas empresas imponen sus propios medios de pago, dicen abogados que han seguido el caso.

A pesar de estos obstáculos, la Fiscalía sigue adelante con la investigación, considerando su relevancia en comparación con casos similares en otras jurisdicciones y su carácter inédito en Latinoamérica.

El oficio de la fiscalía indaga sobre posibles obstáculos para ofrecer servicios de pago a desarrolladores de aplicaciones de bienes digitales. La FNE pregunta si han enfrentado “dificultades o existen barreras de entrada para prestar tales servicios” y si estas limitaciones “son de origen contractual o dicen relación con su capacidad en tanto agente económico para ingresar al mercado”.

La Fiscalía solicita además información sobre si “su representada presta servicios relativos a medios de pago a desarrolladores de aplicaciones que se distribuyen en canales distintos a tiendas de aplicaciones, tales como páginas web, o softwares cuya descarga e instalación sea compatible con sistemas operativos para computadores personales”.

El documento además pregunta a las empresas oficiadas si prestan servicios de pago a “desarrolladores de aplicaciones que comercializan bienes físicos y que son distribuidas en las tiendas App Store, Google Play u otra”.

Paralelamente, medios de comunicación han presentado demandas contra Google por presunto abuso de posición dominante en los mercados de búsquedas y publicidad asociada. En diciembre de 2024, Cooperativa y El Mostrador se sumaron a Copesa, empresa editora de La Tercera y Pulso, en acciones legales ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Las demandas acusan a Google de infringir las normas de libre competencia al abusar de su posición cuasi monopólica en los mercados de búsquedas y publicidad asociada a las búsquedas, ejecutando prácticas anticompetitivas explotativas, exclusorias y de competencia desleal en los mercados de publicación de noticias en línea y tecnologías de publicidad.

Estas acciones legales buscan que el TDLC declare que Google ha infringido las normas de libre competencia y que imponga medidas para restablecer condiciones equitativas en el mercado de la publicidad digital, afectando directamente a los medios de comunicación que dependen de esta fuente de ingresos.

Google intentó frenar la demanda de Cooperativa argumentando que ya existía un proceso en curso iniciado por Copesa y señalando que ambas acciones abordaban los mismos hechos. Sin embargo, el TDLC rechazó esta objeción el 11 de marzo, señalando que, aunque las acusaciones pueden estar relacionadas, no se trataba del mismo caso.