Tiene más de 30 años de historia y nunca había atravesado una situación similar al desarrollar un proyecto de urbanización. Reconsa, la empresa propiedad de las familias Soza Donoso, Cerda, Pérez Yoma y de Confuturo, lanzó una ofensiva judicial y administrativa contra la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. Esto ocurrió después de que, el 22 de abril de 2024, la entidad encabezada por la delegada presidencial Sofía González (PC), rechazara el proyecto “Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa”.

El problema, es que -según la compañía- el revés los deja en una posición compleja y arriesga una multa de hasta $16.000 millones por no cumplir con las condiciones del Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Según Reconsa, la decisión se tomó “sin fundamento legal ni técnico”, contraviniendo un informe previo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que recomendaba su aprobación, a pesar de que la iniciativa se encuentra en un 90% ejecutada. Entre los trabajos realizados está una escalera que une la calle Cornisa con la Av. Borgoño. Las obras se ejecutaron a 73,3 metros del límite del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón.

En conversación con Pulso-La Tercera, Juan Ignacio Soza, gerente general de Reconsa, calificó la votación de los seremis como algo “inédito” y “escandaloso”, con “argumentos que daban pena”. En una primera etapa de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las mismas entidades que calificaron desfavorablemente la iniciativa habían expresado su conformidad con las medidas aplicadas por la empresa.

“Nuestros abogados, asesores ambientales y especialistas técnicos que nos asesoran en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) estimaban que se había ido mucho más lejos en materia ambiental. Este es un proyecto pequeño, no estamos hablando de una central térmica ni de un parque eólico de 200 hectáreas. Este es un proyectito de 1,7 hectáreas. No toca el santuario”, acotó Soza.

“Ese día, cuando empezó la votación, no podía creer lo que estaba viendo, porque se dieron argumentos que nunca se expresaron en la evaluación ambiental. Y comenzaron a alinearse con la votación del seremi de Medio Ambiente, hasta que la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) les dijo que tenían que justificar el voto. Algunos de los votos tuvieron argumentos que daban pena y estaban improvisando en ese momento”, explicó.

Consultado sobre si le consta que los seremis se pusieron de acuerdo previamente para rechazar la iniciativa de la empresa, respondió: “No. No podríamos ser tan soberbios de decir que nos consta, pero fue tan inédito, tan raro, que creemos que por lo menos debemos investigar”.

¿Ve similitudes con el caso de Fundamenta en Ñuñoa con Eco Egaña Comunidad Sustentable?

“Yo no tengo idea ni tenemos constancia de que haya habido un oficio de alguien y hayan comenzado a enviarse WhatsApp entre ellos. Es por eso que encontramos todo tan extraño, inédito y sospechoso que presentamos una denuncia por prevaricación porque no nos calza lo ocurrido”.

“Me cuesta racionalizar lo que ocurrió, porque, por ejemplo, el Serviu realizó las obras del borde costero sin ningún Estudio de Impacto Ambiental. Se demuele parte importante de todo eso. Había una casa que tenía una bandada de gaviotines monja y desaparecieron con el camino costero y no hubo impacto ambiental. Todas las razones indicaban que el proyecto debía ser aprobado. No quiero suponer que hubo ideología, corrupción o una cuestión política. Simplemente nos parece algo extremadamente extraño. Por eso había antecedentes para poner una denuncia y solicitar una investigación”.

En su denuncia por prevaricación, Recosa sostuvo que: “Existen claras ilegalidades que podrían indicar la existencia de un acuerdo, contrario a la ley, para rechazar el proyecto, probablemente adoptado en una fecha posterior al ICE y anterior a la votación.”

Durante la conversación, Juan Ignacio Soza, gerente general de Reconsa comentó que nunca ha tenido un vínculo directo con Jorge Yarur, dueño del Museo de La Moda, quien hace años viene levantando la voz con duras críticas al desarrollo inmobiliario en las dunas de Concón.

“Hace algunos años intenté acercarme a él, pero no fue posible”, sostuvo.

“Intenté juntarme con él (Jorge Yarur), pero cerró la puerta a través de terceras personas. Gente conocida. Como dijo él en una carta, nosotros somos de una elite y bueno, hay gente común. Mi padre era muy amigo de su padre. Gran persona además, tremendo banquero. Yo a él lo veía mucho y mi papá también en su tiempo. Era una tremenda persona de calidad humana y todo. Las demás anécdotas no las cuento, porque no corresponden. Por lo mismo la situación me extraña, porque de tal palo, no tal astilla”, dijo Soza.

Durante largo tiempo, Soza y Yarur han mantenido un cruce constante de declaraciones y litigios. La Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico de Viña del Mar recurrió a los tribunales y la Corte Suprema estableció que cualquier proyecto sobre o en las inmediaciones de las dunas debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).