Gestión de proveedores y políticas sobre acoso laboral y sexual: las deudas de las memorias de las empresas

Fue a fines de 2021 que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió la norma 461 que obliga a las empresas que regula a incorporar en su memorias anuales información sobre gobierno corporativo y sostenibilidad, como por ejemplo políticas relacionadas con diversidad, brecha salarial por sexo entre sus trabajadores, acoso laboral y sexual, entre otros. ¿Qué tan preparadas están las compañías locales para publicar dicha información?

Según un reporte de la consultora Gestión Social, que analizó las memorias, memorias integradas o reportes de sostenibilidad de las empresas que componen el IPSA, y cruzó dichos informes con las exigencias de la nueva normativa del regulador, actualmente un 77% de las compañías reportantes ya han transitado a la reportabilidad integrada, es decir que están en condiciones de cumplir con la regulación que, para las grandes empresas, se hará exigible a partir de 2023.

Matías Canelo, gerente general de la consultora Gestión Social, explica que si bien las empresas están bien aspectadas de cara a los requisitos, “tanto la nueva normativa como los entornos de negocio cada vez más exigentes y cambiantes van exigir ir más allá del cumplimiento. Podemos afirmar que al existir un músculo desarrollado el desafío no irá por alcanzar los estándares de reportabilidad exigidos por la norma 461, sino que por el valor que le den a dicha data para tomar mejores decisiones de negocio”.

Los requerimientos con mayor nivel de desarrollo, según los hallazgos de la firma, se vinculan con el modelo de negocio y el perfil de la organización, que son aquellos segmentos que conservan mayor cantidad de información de la normativa anterior. Sin embargo, existe un bajo compromiso con los temas de DDHH, pues sólo 33% de las empresas declaran adherirse a los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas de las Naciones Unidas.

La gestión de proveedores es otro aspecto débil, según la consultora, pues los requerimientos en relación a transparencia en pagos solo logran un 21% de cumplimiento y un 23% la evaluación de proveedores.

En tanto, en un 63% hay una vinculación a los objetivos acción por el clima y trabajo decente.

Por otra parte, un 80% de las empresas IPSA da cuenta de la brecha salarial, no obstante el 63% dan cuenta de la metodología de calculo.

Respecto de políticas de género, “no se observa un compromiso con la equidad de género, ya que ámbitos relevantes como el permiso parental, sólo 30% da cuenta de políticas al respecto más allá de lo legal”, apunta el informe.

Y además precisa, respecto del acoso laboral y sexual, que de las empresas analizadas un 17% da cuenta de una política de prevención y gestión del acoso laboral y sexual, un 33% da cuenta del porcentaje de personas capacitadas en la política de acoso, y 33% da cuenta de denuncias por acoso sexual y/o laboral.

Según Canelo, “el principal desafío - en ,la implementación de la norma - estará en la comprensión de los fenómenos subyacentes a esta información requerida para mostrar mejoras en el tiempo. Por ejemplo, si como empresario o directivo de una compañía no le ve valor a tener mayor diversidad en mis espacios de toma de decisión, probablemente voy a estar en desventaja frente a quienes toman esta exigencia de la CMF como variable de ventaja competitiva”.

“No obstante, el mercado chileno tiene una particularidad que hace que información como esta no resulte tan significativa en los mismos códigos que en el resto del mundo desarrollado”, dice Canelo, quien apunta a que “Chile tiene un alto nivel de concentración de capitales en empresas que incluso están en bolsa, versus la situación tipo “free flow” que uno observa en otros mercados de capitales más maduros. Esta situación diría que las variables ESG no mueven tanto el devenir del negocio en razón de la data expuesta, sino más bien de las decisiones que tomen los grupos controladores”.