Gobierno afirma que el sistema que reemplazará al CAE generará ahorro neto para el Fisco a partir del segundo año

Bien entrada la noche del martes el gobierno ingresó el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior llamado FES y que condona parcialmente las deudas educativas.

El nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior da paso a un sistema de contribución continuo de los beneficiarios, quienes asumirán la obligación de retribuir durante plazos proporcionales al tiempo que estudiaron con el instrumento, con un tope de 20 años. Esos montos serán recaudados anualmente por la Tesorería General de la República, entre los cuales destacan anticipos mensuales sobre la base de sus rentas.

Con miras a esta propuesta, el Ejecutivo siempre dijo que sería autocontenida y que no implicaría un mayor desembolso para el Fisco.

En el informe financiero del proyecto elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) se identifican tres efectos sobre el presupuesto fiscal: el nuevo sistema, el plan de condonación, y los institucionales, al crearse un nuevo servicio.

El primero implica desembolso de recursos por los traspasos de los aranceles regulados a las instituciones de educación superior adscritas al nuevo sistema. Pero como los estudiantes que se adhieran al beneficio tendrán la obligación de contribuir, la operación representará para el Fisco un activo.

Según detalló el Informe Financiero que acompaña el proyecto, quienes se beneficien del nuevo instrumento asumirán la obligación de contribuir al sistema sobre la base de sus rentas por el equivalente a dos años para cada semestre cursado con el instrumento, con un tope máximo de 20 años. El esquema de contribuciones se calculará en función de los ingresos anuales que perciban los beneficiarios.

Los ingresos de hasta 7,5 UTA (equivalentes a cerca de $500.000 mensuales) estarán exentos; sobre la parte que excede este ingreso, se contempla una tasa marginal de contribuci6n progresiva de 13% para rentas hasta 11,2 UTA y de 15% para los ingresos sobre ese monto, con la garantía de que su retribución no exceda el 7% de sus ingresos mensuales, o el 8% en el caso de personas con ingresos anuales iguales o superiores a 45 UTA ($ 3 millones mensuales aproximadamente).

De esta manera, la ley implica el primer año un menor gasto fiscal de $46.605 millones, y un mayor desembolso por $61.261 millones, lo que se ve compensado a lo largo del tiempo. Según Dipres, ello implica un desembolsos efectivos por $14.656 millones el primer año, y ahorros netos los siguientes años, respecto de los gastos vigentes.

En el informe financiero explican que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de este proyecto de ley, durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiara con cargo a las partidas del Ministerio de Educaci6n y del Ministerio de Hacienda.

No obstante lo anterior, “el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a las recursos que contemplen las respectivas Leyes de Presupuestos del Sector Publico”.

Según cálculos del Ejecutivo este nuevo sistema le permitirá al fisco ahorros (valor presente) por US$3.400 millones (1% del PIB) en un plazo de 10 años en comparación a si se hubiera mantenido el mismos sistema actual.