Gobierno pone en marcha cambios a medición de pobreza: nombra comisión asesora para actualizar metodología

A mediados de año se informó que la pobreza por ingreso en Chile pasó de un 10,7% en 2020, a un 6,5% según la encuesta Casen 2022, la mayor caída y el menor nivel en base a los datos que se tienen desde el año 1990 y que se miden de forma bianual o trianual.

De este grupo, un 2% constituye pobreza extrema, que registró un 4,3% en la medición pasada y que alcanza a 397.963 personas. Por su parte, la pobreza no extrema llegó a un 4,5%, tras situarse en 6,4% en el sondeo anterior.

Así, 1.292.521 personas que viven en Chile están en situación de pobreza por ingreso, una línea que pasó de $174.131 por adulto equivalente en noviembre 2020, a $216.849 en 2022.

Con la idea de seguir mejorando la medición de este indicador clave para el país, el gobierno anunció este martes la creación de una comisión asesora presidencial que tendrá por tarea actualizar la medición de la pobreza. ¿Por qué ahora? Todo partió por una recomendación que en 2014 realizó un panel de expertos, que apuntaba a que era necesario revisar la metodología cada 10 años, período que se cumple precisamente ahora, en enero de 2024. Así lo señalaron la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete.

Entre las tareas que tendrá que realizar los convocados está revisar los distintos aspectos de la actual medición de la pobreza por ingresos, entre ellos, la composición y metodología de reajuste de la Canasta Básica de Alimentos y de la Canasta Básica No alimentaria; construcción de la línea de la pobreza; escalas de equivalencia para el tamaño de los hogares; empalme de las series; tratamiento del alquiler imputado; y correcciones por no respuestas.

También deberán proponer la adecuación de la medición de la pobreza multidimensional a partir de la evidencia recogida en los primeros diez años de implementación de esta, incluida una revisión de sus dimensiones, indicadores y umbrales. Junto a ello, realizar propuestas para evaluar instrumentos de medición actualmente utilizado, incluida su frecuencia, formato de levantamiento y sistema de gobernanza institucional.

La comisión tendrá un plazo de un año para trabajar. En diciembre de 2024, la comisión presentará sus propuestas al Presidente Gabriel Boric. Luego, durante 2025, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia evaluará las recomendaciones incluida su factibilidad técnica y financiera, y generará una nueva metodología de medición de la pobreza. Por ello, la aplicación de estas recomendaciones se integrará recién a la Casen 2026, mientras la de 2024 considerará la actual metodología.

El economista y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Osvaldo Larrañaga, será el presidente de la Comisión Asesora, que estará integrada por 10 profesionales ligados a los temas de pobreza.

Así, además de Larrañaga estarán Alejandra Abufhele, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez; Emmanuelle Barozet, académica del departamento de Filosofía de la Universidad de Chile; Andrés Hernando, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales; Amanda Telias, experta en medición de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad; Paulina Henoch, investigadora de Libertad y Desarrollo; Rodrigo Yáñez, director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en su oficina en Chile; Gonzalo Durán, académico de la Universidad de Chile e investigador de la Fundación Sol; Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, y Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Uno de los temas que generó debate en la última medición fue el llamado alquiler imputado y, por lo mismo, se revisará. Larrañaga explicó que “esta comisión tiene por objetivo hacer una revisión comprensiva de todos los temas, y obviamente se hará cargo del alquiler imputado. Esto tiene que ver con cómo se trata en la medición de la pobreza a los hogares que pagan arriendo y quienes no, porque son propietarios”.

El economista añadió que “para los hogares que son propietarios tiene que compensar esos ingresos con el alquiler imputado, y como el costo de la vivienda ha subido mucho en la última década, se ha vuelto un tema más visible”. Por lo mismo, afirmó que “lo que tiene que hacer esta comisión es revisar si esa medición está lo suficientemente actualizada y si no, hacer las recomendaciones del caso”.