El ministro de Economía, Nicolás Grau, rechazó la idea de que el problema de déficit fiscal sea algo que se pueda atribuir solo al gobierno del Presidente Gabriel Boric. El secretario de Estado resaltó el trabajo del Ejecutivo en la materia al margen de que el 2024 el déficit fiscal fue de 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) fue mayor a lo proyectado

“Cuando nosotros llegamos al gobierno llevábamos 10 años de déficit fiscal, este es un dato del cual se habla bien poco, pero es bien relevante porque ha habido gobiernos, de distintos sectores políticos, que estuvieron en ese periodo, y cuando alguien dice, mire vamos a solucionar el problema fiscal, uno se podría preguntar ¿Qué pasó antes? 10 años de déficit fiscal”, dijo el ministro Grau en entrevista con Infinita.

En esa línea, el secretario de Estado destacó que “el año 2022 fue un año de superávit fiscal, pasamos de un déficit fiscal de casi el 10% y llegamos a un superávit fiscal (...) el año 2023 fue un año en que, al igual que el 2022, se cumplieron los compromisos en términos de gasto y meta fiscal, y (...) el año 2024 es el único año donde ha habido una diferencia tal”.

Sobre cómo el gobierno va enfrentar el llamado del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a realizar un nuevo ajuste del gasto de al menos US$1.500 millones para cumplir la meta fiscal, el ministro Grau apuntó que ese tema es algo que le corresponde abordar al Ministerio de Hacienda.

El secretario de Estado también volvió a salir al paso de la polémica que se generó tras que un reportaje de The Clinic dio cuenta de los traspasado que realizó Corfo por $3,4 billones a las arcas fiscales en 2023. El ministro Grau calificó en su momento el revuelo como algo artificial y sostuvo su mirada sobre el tema.

“No se entiende todo este revuelo por básicamente hacer lo que siempre se ha hecho en términos de finanzas públicas”, comentó.

En el análisis del caso, el secretario de Estado comentó que “se generó este revuelo, probablemente por la magnitud del traspaso, porque traspasos de esta naturaleza se han hecho muchas veces, por distintas razones, no solo en contextos de emergencia”.

“Una de las confusiones que existe acá es tratar los ingresos de Corfo como si fueran ingresos de otra cosa, es una institución pública y muchas instituciones públicas en su quehacer reciben ingresos porque cobran algo, porque hay un servicio y todo eso el Estado lo incorpora en la arca fiscal”, agregó.

Respecto al caso, el ministro Grau también rechazó la acusaciones de ilegalidad o que se utilizaron recursos que no estaban contemplados. “En el año 2023 no se gastó más de lo que se dijo que se iba a gastar, y se cumplió la meta”, agregó.

El ministro de Economía también planteó que en el debate de la reforma a los permisos sectoriales, que busca reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión, no se debe usar el concepto de permisología.

“Cuando uno habla de permisología pareciera querer señalar que todos los permisos, todas las regulaciones son simplemente trabas y que no tienen ninguna razón de ser”, dijo el ministro Grau.

En esa línea, el secretario de Estado comentó que el proyecto busca “mantener el estándar regulatorio” y e ir “reduciendo sustantivamente los tiempos”. “Nuestro proyecto de ley va a permitir reducir los tiempos al menos entre un 30 y un 70% de los permisos”, agregó.

“El problema es que tenemos una institucionalidad regulatoria que es ineficiente, porque resguarda esos riesgos que son importantes con tiempos totalmente excesivos y fuera de rango internacional. Y eso es lo que nosotros hemos abordado de forma decidida en nuestra última reforma”, resaltó.

De esta forma, el secretario de Estado comentó que la regulación busca proteger a la sociedad. A modo de ejemplo, el ministro Grau utilizó la confianza que tienen las personas de que un edificio o casa no se va a caer por un temblor, ya que se conoce que existen exigencias por parte de la ley a la hora de realizar una construcción.

Otro de los temas que abordó fue la discusión sobre el futuro del proyecto minero-portuario Dominga tras que el Tribunal Ambiental de Antofagasta le dio una nueva vida a la iniciativa.

“Nuestra lectura del fallo es que no se está pidiendo que se repita el Comité de Ministros, sino que lo que se está pidiendo, entre otras cosas, es al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), digamos, tomar una decisión respecto a la decisión que tomó el comité, y a juicio del Ejecutivo, esa no es una atribución que le corresponda a esa secretaría técnica, y por tanto, aquello se va a apelar, eso es lo que hemos señalado”, comentó.

Respecto al caso como un conflicto político y no ambiental, el ministro Grau apeló a que se tomó una decisión técnica. El secretario de Estado estimó que el caso de Dominga fue lo contrario cuando se aprobó Los Bronces Integrado

“En el caso de Dominga hay una definición regional que es aprobar y el comité de Ministros rechaza después, en el caso de Los Bronces, hay una decisión regional que es rechazar, y después el Comité de Ministros revierte, pero en ambos casos, el Comité de ministros hizo siempre lo mismo, es decir, revisar los informes técnicos y seguir la sugerencia del SEA”, apuntó.

En esa línea, el ministro Grau rechazó las críticas sobre la tramitación del proyecto Dominga durante esta administración: “Cada vez que hay una decisión del comité de ministros, siempre la parte que no queda contenta, acusa que es una decisión política que no está basada en elementos técnicos”.

“El mundo más ambiental, en Los Bronces Integrado, dijo que el Comité de Ministros era un espacio político, y en el caso de Dominga, la industria, dijo lo mismo. Entonces, mi impresión en esto es que nosotros siempre hemos actuado de acuerdo a consideraciones técnicas”, agregó.

Por otro lado, el ministro Grau comentó que el objetivo del gobierno es seguir fortaleciendo al SEA y recordó que en las reformas en la materia se busca eliminar la instancia del Comité de Ministros.