Gremio de empresas de energía renovables pide “inteligencia predictiva” y mayores capacidades policiales tras atentado en Paillaco

Tras la quema de 13 camiones y un cargador frontal en una faena de construcción de un proyecto de energía renovable, perteneciente a Mainstream Renewable Power, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Ana Lía Rojas, planteó la necesidad de mejorar las capacidades predictivas de las policías en las zonas donde operan unidades de generación eólicas o solares.

En entrevista con radio ADN, la economista comenzó señalando que “desde hace meses venimos como Asociación monitoreando incidentes que afectan a las energías renovables en Chile, sobre todo en materia de seguridad”, episodios que, detalló, se relacionaban hasta ahora con robos y hurtos que han afectado a diversas instalaciones de energías renovables, “sobre todo en el norte”, precisó.

En esa línea, Rojas sostuvo que el ataque incendiario perpetrado contra el proyecto eólico Caman, ubicado en la comuna de Paillaco, en la región de Los Ríos “nos preocupa y también nos conduce a elevar nuestros requerimientos frente a las autoridades pertinentes, tanto a nivel central como a nivel regional”.

Cabe recordar que el pasado 31 de mayo, Copihue Energía, subsidiaria de Mainstream Renewable Power, solicitó al Coordinador Eléctrico el retiro temporal del mercado de corto plazo del proyecto eólico Caman, aduciendo causas “inimputables a la compañía”, un episodio que llevó a Acera a insistir en su demanda por restituir “la sostenibilidad financiera de las empresas de la transición energética”.

Caman contará con 44 aerogeneradores y una capacidad instalada de generación eléctrica por 148,5 MW, pudiendo abastecer a 179 mil hogares, aproximadamente. Por su parte, Mainstream trabaja en su reestructuración financiera, ante las fuertes pérdidas que ha reportado a su controladora, Aker Horizons, por las condiciones de mercado que valorizan a costo cero a gran parte de las inyecciones de energía renovables.

Sobre el ataque incendiario, en el que habrían participado seis personas encapuchadas, Rojas planteó que desde el gremio estiman que “no basta simplemente con anuncios de querellas”, y sostuvo que, “a nivel regional hay medidas que se tienen que tomar a nivel previo, esto que se llama la inteligencia predictiva, tener la capacidad de adelantar” este tipo de situaciones.

“Evidentemente necesitamos más recursos y más capacidades policiales para poder en el fondo ir monitoreando y adelantar este tipo de incidentes, que el del sábado particularmente, lo consideramos y lo tildamos de muy grave”, remarcó Rojas.

Para la representante gremial, las medidas más urgentes están focalizadas “en los recursos que se destinan al monitoreo, y a la salvaguarda de las condiciones cercanas a los parques, plantas o proyectos que se están construyendo”.

Rojas recordó que en la tramitación de permisos, proyectos como Caman sostienen conversaciones “como parte del capítulo de relación con las comunidades y específicamente con comunidades indígenas”, por lo que enfatizó que la instalación del parque eólico “se ha hecho en relación con un Estado de Derecho que le otorga al inversionista la seguridades que tiene que tener para poder desarrollar, construir y luego operar sus proyectos”.

En esa línea, enfatizó que “creemos que es importante ejercer todas las condiciones y todas las medidas que restituyan este punto, que es el punto más importante para la certeza y la seguridad de las inversiones”.

El ataque incendiario fue reivindicado por la ORT Williche Millalikan, perteneciente a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por medio de un afiche publicado en redes sociales.

Según especificó Ana Lía Rojas, antes del ataque incendiario “hubo una especie de atentado previo, que a todos nos dejó las alertas bastante altas, se le denunció a la autoridad, en reuniones con La Moneda, donde estuvo el titular de este proyecto”, aunque matizó señalando que “ese fue un incidente muy aislado, muy pequeño, y hace más de un año”.

Con todo, planteó que aunque “hay una tensión en el territorio” en el marco del despliegue de las energías renovables en la zona, casos como el ataque del sábado son “puntuales”, pero de todas maneras solicitaron una audiencia con la ministras del Interior, Carolina Tohá, para avanzar en la identificación de proyectos críticos en construcción para verificar si están ubicado en zonas de riesgo.