Gremio Portuario pide al gobierno reformular cálculo para la tarifa única portuaria

En la década de los 90, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones encargó en 1994 a la empresa INECON un estudio destinado a establecer el sistema de tarifas en los puertos estatales, fijándose una Tarifa Única Portuaria (TPU)

En el estudio se estableció que el cobro por uso de puerto debe diseñarse para cubrir los costos comunes del puerto, los que incluyen: costos fijos de operación, seguridad, dragados, control de contaminación, incendio, rescate, mantención de ayudas para la navegación, aguas abrigadas y los servicios comunes tales como caminos de acceso, puertas de entrada, electricidad, sistemas de agua, edificios administrativos. Finalmente, el estudio establece que las tarifas se deben calcular sobre la base de un dimensionamiento óptimo del puerto, el cual no necesariamente corresponde al puerto existente.

De acuerdo a un análisis que hizo la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) desde que se comenzó a aplicar esta tarifa, “nuestras estimaciones indican que hasta el año 2023 el Estado ha recaudado de parte de las líneas navieras, que son las que deben pagar la TUP, cerca de US$ 750 millones”.

Sin embargo, desde el gremio acusan que “hasta la fecha no existe ningún documento público que indique el modo en que cada una de las empresas portuarias estatales calcula esta tarifa, ni cómo han invertido los recursos recaudados a la fecha. Todos los estudios tarifarios de los sectores regulados son transparentes y de dominio público, situación que no ocurre en este caso con el agravante que quien cobra la tarifa es el Estado de Chile”.

Daniel Fernández, presidente de Camport sostiene que si bien “la génesis de la TUP es correcta, sin embargo, es de la máxima prioridad que el Estado dicte un reglamento que establezca la forma en que cada una de las 10 empresas estatales debe calcular su TUP, desagregando la parte correspondiente a las obras de abrigo de aquella que corresponde a administración generar”.

Asimismo, indican que “los estudios y análisis que cada empresa desarrolle para el cálculo de la TUP deben ser públicos, como sucede con la totalidad de los sectores regulados, y finalmente, debe ser obligatorio para las empresas portuarias estatales indicar en sus memorias anuales los recursos totales recaudados por este concepto y el destino que han tenido estos fondos”.

¿Cómo reformularlo? Fernández indica que “en 2019 le hicimos llegar al Ministerio de Transportes y al Sistema de Empresas Públicas nuestras propuestas para transparentar la forma de cálculo de la TUP, así como la necesidad de informar el destino de los recursos recaudados”.

Pese a ello, agrega que “no tenemos conocimiento que exista alguna iniciativa en este sentido, lo cual es preocupante por dos razones: la primera razón es que en 2030 se deben relicitar las primeras concesiones portuarias y este será uno de los temas que deberán ser aclarados. Al concesionario de San Antonio le interesará saber cómo se modificará la TUP en Valparaíso y viceversa”.

Como segunda razón que entrega Fernández tiene que ver con el Puerto Exterior en San Antonio. “El molo de abrigo proyectado tendrá un costo de USD 1.500 millones o más y todos los actores del sector portuario están interesados en saber cómo se financiará esta inversión y cuál será la TUP que se proyecta cobrar en los terminales de San Antonio”.