Un debate sin precedentes abrió la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Lejos de ser una disputa legal meramente técnica, la controversia pone en cuestión uno de los pilares del modelo económico chileno: la libertad de los grupos empresariales para expandirse transversalmente en distintos sectores del mercado. El asunto gira en torno a la solicitud que presentó la organización, en la que plantea que el Estado debe intervenir estructuralmente para limitar la concentración económica agregada en el país.

Conadecus pidió al TDLC emitir una recomendación normativa al Presidente de la República, con el objetivo de establecer una legislación que impida que un mismo conglomerado económico controle posiciones dominantes en múltiples mercados clave. Para sustentar su petición, la organización presentó dos informes —uno jurídico y otro económico— que dan cuenta de los supuestos riesgos que supone la concentración empresarial, tanto desde el punto de vista institucional como desde su impacto sobre la competencia.

Pero la solicitud fue rápidamente contrarrestada por cinco actores de peso en el empresariado nacional: Falabella, Inversiones Angelini, Quiñenco y Banco de Chile. Todos ellos ingresaron informes con un mensaje en común: no existe una amenaza estructural derivada de la concentración, y regular la estructura de mercado es innecesario, injustificado y potencialmente dañino.

Desde la vereda de Conadecus, el primer argumento central vino desde el ámbito jurídico. El abogado Francisco Agüero, académico de la Universidad de Chile y consultor internacional en libre competencia, elaboró el informe “Libre competencia y neutralización de la concentración económica agregada”, en el que afirma que la actual institucionalidad sí permite -y exige- actuar ex ante frente a riesgos estructurales para el proceso competitivo.

Agüero sostiene que el TDLC está facultado para recomendar una ley que imponga límites al poder estructural de los grupos económicos, incluso si no existe una infracción directa a la Ley de Defensa de la Libre Competencia. “La libertad económica no es un derecho absoluto”, señala. “La intervención estatal se justifica cuando la estructura de mercado amenaza la competencia de forma sistémica”.

En lo económico, Gonzalo Escobar, ex funcionario de la FNE y consultor en regulación, elaboró para Conadecus el informe “Efectos de la concentración económica en Chile: un análisis integral”, en el que sostiene que “los niveles de concentración de la economía chilena no solo son altos en términos agregados, sino que se manifiestan transversalmente en múltiples sectores productivos clave”.

Escobar afirma que Chile ha permitido una expansión sostenida y poco regulada de grupos económicos, que hoy concentran activos, propiedad cruzada y poder político. Y si bien reconoce que la institucionalidad actual permite sancionar conductas anticompetitivas, advierte que esas herramientas no bastan para frenar los riesgos estructurales del modelo. Propone entonces una legislación que limite la integración vertical, impida la propiedad cruzada en sectores estratégicos y prohíba la expansión simultánea en actividades financieras y no financieras.

Los grandes grupos respondieron con reportes. Falabella encargó su defensa a los economistas Andrés Gómez-Lobo, ex ministro de Transportes, y Ronaldo Bruna, ex subgerente de estudios de la Bolsa de Santiago. Inversiones Angelini presentó un informe del economista Aldo González, de Clapes UC. Dos empresas del grupo Luksic presentaron reportes: Quiñenco recurrió al académico Claudio Sapelli, y Banco de Chile, al profesor UC Juan Pablo Montero junto al israelí Yossi Spiegel, experto en competencia de la Universidad de Tel Aviv.

Empresas Juan Yarur presentó un informe económico de Butelmann Consultores, liderado por la ex intengrante del TDLC, Andrea Butelmann. El informe jurídico fue realizado por Felipe Irarrázabal, ex Fiscal Nacional Económico y director del Centro de Competencia UAI, y María Soledad Krause, doctora en Derecho Penal y profesora en la UC y la U. de Chile, además de abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Conadecus es asesorada por el abogado Mario Bravo.

Falabella encargó un informe a los economistas Andrés Gómez-Lobo y Ronaldo Bruna. Bajo el título “Conglomerados en Chile: un análisis crítico a la consulta presentada por Conadecus”, el texto responde, punto por punto, los argumentos de la solicitud.

Uno de los focos del informe es el sector financiero, donde los autores buscan demostrar que no existe una concentración preocupante. “Chile tiene una de las industrias bancarias más desconcentradas del mundo, ranqueado como 9 entre 81 países en el año 2017. Es interesante notar que Israel, el país de referencia para la propuesta de Conadecus, tiene una concentración bancaria mucho mayor, rankeado 38 de 81 en el 2017″, sostienen los autores, citando datos del Banco Mundial.

Además, alertan sobre los efectos contraproducentes de aplicar medidas estructurales: “Existe el riesgo de que las propuestas contenidas en la solicitud puedan reducir o eliminar las eficiencias generadas por los conglomerados”. Entre esas eficiencias mencionan economías de escala, financiamiento interno, coordinación administrativa y mayor resiliencia ante shocks externos.

Desde Inversiones Angelini, el economista Aldo González presentó el informe “Conglomerados Económicos y Libre Competencia”, con una defensa técnica del modelo empresarial chileno. Su tesis principal es que la concentración agregada no es un indicador válido para diagnosticar problemas de competencia.

“La concentración medida a nivel agregado de una economía no entrega información relevante acerca del nivel de competencia en los distintos mercados que componen dicha economía”, señala Aldo González.

González enfatiza que los conglomerados generan beneficios tanto para el sistema como para los consumidores. “Las eficiencias propias de los conglomerados [...] se consideran positivas desde el punto de vista de la libre competencia”, dice. Sobre Israel, añade: “El escenario económico de Israel y en particular de la estructura y el desarrollo del mercado financiero con que contaba no se asemeja a la realidad chilena actual”.

Quiñenco, la matriz de negocios del grupo Luksic, encomendó un trabajo al economista Claudio Sapelli, quien en su informe “Concentración y grupos económicos en Chile: la Solicitud de Conadecus”, desacredita el sustento doctrinario de la solicitud. Para Sapelli, la propuesta se apoya en un paradigma superado: la teoría estructura-conducta-desempeño (ECD).

“La teoría ECD fue cuestionada a partir de la década de 1970 [...] No se ha encontrado ningún indicador, entre ellos la concentración, que cause o prediga el poder de mercado en forma sistemática”, sentencia el autor.

El Informe expone que la solicitud de Conadecus se funda en “una teoría obsoleta de la organización industrial, puesto que serían predominantemente causas ligadas a la eficiencia las que explicarían la concentración y altos markups en un mercado, y no conductas monopólicas u oligopólicas de las empresas que se desempeñan en este. Luego, no habiendo una relación fuerte entre la concentración en un mercado y el poder de mercado, difícilmente existiría a nivel agregado”.

Quiñenco controla diversas empresas como CCU, Enex, Csav y el Banco de Chile. Esta última presentó un informe de Juan Pablo Montero y Yossi Spiegel, titulado “Conglomerates: An Antitrust View to Conadecus’ Concentration Law Proposal”.

Sobre la colusión multimercado: “Conadecus y (Luigi) Zingales parecen pasar por alto que la relación entre el contacto en múltiples mercados y el riesgo de colusión no es tan directa”, dice el informe.

Y finalmente, sobre el modelo extranjero propuesto por Conadecus, que cita el caso israelí, afirma: “La Ley de Concentración de Israel está lejos de ser un buen ejemplo a seguir, al menos para Chile y seguramente para muchos otros países”.

Otro de los holding que acompañó informes es Empresas Juan Yarur (EJY), controlador de BCI y empresas de seguros, que presentó ante el TDLC dos informes –uno económico y otro jurídico– para cuestionar la solicitud de Conadecus.

El informe económico, elaborado por Butelmann Consultores, sostiene que no existen pruebas suficientes de que los conglomerados con presencia en el sistema financiero y en la economía real generen riesgos a la libre competencia. Además, enfatiza que hay regulación vigente que impide conductas anticompetitivas y que, en mercados como el crédito, los seguros y la administración de fondos, los niveles de concentración son bajos y no hay evidencia de distorsiones atribuibles a la integración conglomerada.

En paralelo, el informe en derecho, elaborado por Felipe Irarrázabal y María Soledad Krause, sostiene que la solicitud de Conadecus excede los límites legales de la potestad normativa del TDLC. Argumentan que el requerimiento carece de un mercado específico al cual se refiera, no presenta evidencia concreta que justifique una nueva regulación y busca que el Tribunal actúe fuera de sus competencias constitucionales. Concluyen que una recomendación normativa de carácter general, como la que propone Conadecus, no es jurídicamente procedente y podría violar principios fundamentales del ordenamiento chileno.

en sus presentaciones judiciales, Banco de Chile cuenta con la asesoría de Santiago Bravo. Quiñenco, en tanto, es representado por Ricardo Riesco, ex fiscal nacional económico. Inversiones Angelini está representada por Julio Pellegrini, Falabella, por Diego Hernández; y Empresas Juan Yarur, por Ignacio Larraín.