Hacienda amplía gradualidad para implementar pacto fiscal de 4 a 6 años

El gobierno socializó un último borrador donde sistematizó las propuestas que se trabajaron junto a los representantes de los partidos políticos. En este documento se resume lo que ya se había anticipado en cada una de estas sesiones de trabajo, donde se abordaron las medidas que se proponen para este pacto fiscal.

En ese texto se detallan los ejes del pacto fiscal, entre ellos, mejor gasto público, propuesta para la inversión y el crecimiento, el eje de cumplimiento tributario donde se incluyen las medidas contra la evasión, elusión e informalidad. Mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal, principios para un sistema tributario moderno en Chile, reforma del impuesto a la renta; mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal y las necesidades y prioridades de gasto.

Se refuerza también que del 2,7% del PIB que tiene como objetivo recaudar el pacto fiscal (unos US$8.000 millones) 1,2% será para pensiones, 0,9% para salud; para la prevención, seguridad pública y crimen organizado otros 0,3% del PIB y protección social 0,3% del PIB. Aquí la novedad es que suma educación, pero sin asignación de recursos.

En el documento, Hacienda sostiene que “la dinámica de este gasto en los últimos años ha estado marcada por la demografía y por reformas que aún se encuentran en plena implementación. Así, mientras la presión demográfica se ha reducido por el menor ritmo de crecimiento de la población de menos de 25 años, las reformas pasadas han ejercido una significativa presión expansiva, particularmente aquellas asociadas a la gratuidad universitaria y a la nueva educación pública”.

Y se enfatiza que “en estas circunstancias, antes de asumir nuevos compromisos de gasto, se realizará un análisis comparado de la inversión pública por nivel educacional, proyectando los compromisos remanentes de gasto e identificando áreas prioritarias para la política pública. Entre éstos destacan la educación preescolar y el sistema de formación de competencias y capacitación para los adultos, incluyendo la educación técnico profesional”.

Pero donde estuvo el mayor ajuste por parte de la propuesta del Ejecutivo es que aumenta la gradualidad en la implementación pasando de cuatro a seis años. A fines de septiembre, cuando se abordó la temática de cumplimiento tributario, Hacienda también difundió una minuta donde se fijaba la necesidad de gasto y la gradualidad en su implementación.

En ese entonces la gradualidad para llegar a los 2,7% del PIB era de cuatro años. Así, el primer año la necesidad de gasto asciende a 0,5% del PIB; el segundo año es de 1,1%; el tercer año de 1,5%, y ya el cuarto año se entraría en régimen, completando el 2,7% del PIB.

Ahora esa misma implementación será en seis años: “El pacto fiscal se funda en la existencia de un conjunto de necesidades ciudadanas cuya satisfacción requiere de respuestas cuya envergadura financiera impide resolverlas dentro del proceso presupuestario regular en plazos razonables”, menciona el informe enviado a los representantes de los partidos.

Por lo mismo subrayan que “tales respuestas se estructuran en propuestas concretas de intervención pública, factibles de implementar en un plazo máximo de seis años”.

Desde la oposición, el diputado e integrante de la Comisión de Hacienda Miguel Mellado (RN) afirma que “este gobierno en sus 4 años no va a hacer mucho, por eso está planteando temas que excede largamente a su gobierno y trata de amarrar las acciones de próximos gobiernos de otros signos políticos”. Por ello, añade que “el gobierno debe tener políticas de contingencia para salir hoy de la situación en que se encuentra el país y no dictar clases magistrales de cómo en 10 años más el país saldrá adelante”.

Sofía Cid, diputada de RN y también integrante de la Comisión de Hacienda, acota que “el ministro Marcel insiste en empujar a la oposición a cerrar un acuerdo en materia tributaria, y propone un documento de seis puntos, donde no recogieron ningún aporte de la oposición”.

Puntualiza que el hecho de “aumentar en 2 años la gradualidad de la implementación es casi una ley de amarre para el próximo gobierno, lo que no corresponde. Más aún, si consideramos que los cálculos de Hacienda, en general, no han sido muy acertados”.