Está revolucionada Sagrada Familia. La comuna de la provincia de Curicó, famosa por su actividad agroindustrial de viñedos y frutales, se encuentra en pie de guerra ante la posibilidad cada vez más cierta de que un plantel porcino para la engorda de 22 mil cerdos se instale en la zona. El proyecto es impulsado por la empresa Sociedad Agrícola y Comercial El Pihuelo SpA, ligada a inversionistas locales, y el conflicto se debe al temor por el impacto que podrían tener los malos olores y otras consecuencias ambientales, sobre todo en las localidades de Villa Prat, Los Quillayes y La Quebrada.

Vecinos y autoridades están movilizados. A mediados de marzo, Juan Ignacio Tagle Coeymans, gerente general de Hacienda Los Quillayes, pionera de los cultivos de cerezas en Chile y uno de los grandes productores de la zona, activó en el Segundo Tribunal Ambiental una reclamación en contra de la autorización del proyecto. Las tierras de su estancia se ubican a cuatro kilómetros de la futura chanchera y en la zona se comenta que esa podría ser una de las últimas cartas para tratar de detener el proyecto.

Hacienda Los Quillayes es un campo enorme, de más de cuatro mil hectáreas, concentrado en la producción de cerezas y ciruelas frescas. Tiene aproximadamente 540 hectáreas plantadas: 223 de viñas, 235 de cerezas y 82 de ciruelas. Fue premiada en 2023 como Campo del Año por Anasac, debido a su exitosa transformación en un agronegocio, ya que se trata de un fundo controlado hace tres generaciones por la misma familia.

US$ 7 millones

Llamado “El Charco”, el proyecto de la granja de cerdos considera la construcción y operación de un plantel de 12 galpones para la engorda de 22 mil porcinos, previo a su envío a una planta faenadora. La inversión asciende a US$ 7 millones.

La iniciativa, presentada en 2022, fue rechazada en 2023 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Maule, con 10 votos en contra y 1 a favor. Sin embargo, tras una reclamación de la empresa, la decisión fue revocada el 29 de enero de 2025 por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que acogió el recurso de reclamación administrativo presentado por la Sociedad Agrícola y Comercial el Pihuelo SpA. Desde entonces, hay preocupación en la zona. El propio alcalde de Sagrada Familia, Osvaldo Jorquera Padilla, lidera la oposición a la chanchera.

Según los registros mercantiles, la Sociedad Agrícola y Comercial el Pihuelo SpA pertenece a los inversionistas locales Germán Campos, de Equipos y Maquinaria Omega Limitada; la familia Passalacqua Castella, en representación de Sociedad Agrícola e Inversiones Firenze Limitada; y Jean Paul Rabanales Coulomb, por sí mismo. Los socios, además, poseen por separado diversos negocios inmobiliarios.

Los Passalacqua son descendientes del conocido profesor de Agronomía de la Universidad Católica, Pablo Passalacqua Quiroz, fallecido en 2022 y considerado otro de los pioneros de la industria exportadora de frutas en Chile.

Propagación de malos olores

El 13 de marzo, Tagle Coeymans recurrió en contra de la resolución que le dio el sí al proyecto de los cerdos, pidiendo al Segundo Tribunal Ambiental suspender la autorización. Ello, porque el proyecto además de que podría afectar a sus plantaciones cercanas, argumenta, no fue sometido a un Estudio de Impacto Ambiental, pese a su tamaño, y porque la Declaración de Impacto Ambiental con la que se tramitó habría tenido como referencia los estudios de “San Agustín del Arbolito”, un plantel de 10 mil cerdos -de la Agrícola Coexca, en San Javier-, objeto de denuncias y formulaciones de cargos por el tratamiento de los malos olores.

Durante 2022, cuando se abrió un proceso de participación ciudadana, Tagle efectuó varias observaciones, la mayoría centradas en el impacto de los malos olores, puesto que según los informes que contrató, la hediondez de los desechos de los cerdos afectaría a las plantaciones agrícolas y vitivinícolas de la zona al dispersarse con los vientos. En su alegación acompaña un documento del profesor y doctor en bioclimatología de la Universidad de Chile, Fernando Santibáñez, quien cuestiona la metodología utilizada para los estudios del proyecto, acusando errores de base. “Producto del corredor geográfico o portezuelo que se genera entre los cerros, los olores que emanen del proyecto se propagarán con mayor facilidad hacia la hacienda Los Quillayes”, detalla.

Pukará El Peral

En su reclamación, Tagle también mencionó el informe realizado por la Prefectura n°14 de Talca, donde la policía de esa ciudad reconoce que la rápida propagación del incendio ocurrido en febrero de 2020 y que llegó hasta Los Quillayes, se debió al comportamiento de los vientos.

“Ni en las Adendas, el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), como tampoco en la respectiva Resolución Recurrida que calificó favorablemente la DIA, se abordaron los puntos relativos a las deficiencias de los estudios odoríficos, ni la incompleta determinación del área de influencia en relación con el aire”, reclama Tagle en su recurso, donde es representado por los abogados del estudio Coeymans-Edwards-Poblete-Dittborn.

También sostiene que el proyecto es incompatible con el uso de suelo de esa zona.

Durante su tramitación ambiental, la iniciativa fue objeto de un proceso de participación ciudadana que recibió 322 observaciones, la mayoría centrada en los olores. También recibió pronunciamientos desfavorables de las Seremi de Agricultura y Medioambiente de la Región del Maule, de la Conaf, del SAG y de la Municipalidad de Sagrada Familia.

En su recurso, el empresario también acusó que no se consideró en el análisis el componente arqueológico de la zona, ya que en la zona de emplazamiento de “El Charco” existe un pukará, llamado El Peral, vestigio de la antigua presencia inca.

Según el proyecto, “El Charco” ocupará un terreno de 75 hectáreas, en un sector rural de Sagrada Familia cercano a Villa Prat y San Rafael. Ni sus titulares ni Tagle estuvieron disponibles para hablar para este artículo.