Hacienda se reúne con pymes para abordar la entrada en vigencia de la nueva ley antievasión

A la espera que se promulgue la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias más conocido como antievasión están los distintos sectores empresariales y personas en particular. Por lo mismo, esta mañana el Ministerio de Hacienda se reunió con representes de las pequeñas y medianas empresas donde les detalló la entrada en vigencia de las materias que tiene directa relación con sus demandas y preocupaciones

Una de las principales medidas es el convenio pymes ante tesorería para pagar deudas tributarias en un plazo de 18 meses sin intereses, el que entra a regir en noviembre de 2024.

Esta norma permite a los contribuyentes poner término a las gestiones judiciales iniciadas antes del 1 de enero de 2024 y que mantengan pendientes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, respecto de los reclamos de giros o liquidaciones de tributos presentados ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema. En estos casos, sobre la base de reconocer la deuda tributaria debidamente reajustada, a los contribuyentes se les concede una condonación total de intereses y multas por parte del Servicio.

El plazo para presentar la solicitud de término anticipado de gestiones judiciales pendientes Los contribuyentes podrán presentar por una única vez una solicitud a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de la ley y el 30 de noviembre de 2024.

En este caso, las pymes deberán presentar una solicitud al Servicio a través de su sitio web u otros medios electrónicos, acompañar los antecedentes y ofrecer caución suficiente del pago de la deuda tributaria. Con el solo mérito del comprobante de ingreso de la solicitud el contribuyente podrá concurrir ante el tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente para que suspenda el procedimiento mientras el Servicio resuelva la solicitud.

El Servicio tiene un plazo de tres meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, para revisar el cumplimiento formal de los requisitos y la suficiencia de la caución ofrecida.

Una vez verificados dichos requisitos, dictada la resolución, ingresada al tribunal y rendida/ratificada la caución se levanta un acta dentro de quinto día, la que pondrá término a las gestiones judiciales.

También les detalló la entrada en vigencia de los otros cambios, como la norma general antielusión que entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de la ley. Es decir, si el proyecto se publica como ley la próxima semana, la norma comenzará a regir el 1 de noviembre.

La fiscalización a los grupos empresariales, que en lo fundamental permite realizar una fiscalización integral y unificada de estos grupos, evitando inconsistencias entre diversas fiscalizaciones o unidades del SII, tendrá su inicio de vigencia también desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la ley.

La multijurisdicción en procesos de fiscalización establece que los directores regionales del SII podrán llevar adelante procedimientos de fiscalización, revisión o de otro tipo, respecto de contribuyentes con domicilio en cualquier territorio jurisdiccional del país. Dichos procedimientos podrán efectuarse a través de medios electrónicos o remotos. Esta modificación comenzará a regir de manera diferida, dependiendo de las direcciones regionales. En primer lugar, empezará a operar en las regiones Metropolitana, Valparaíso y del Biobío, desde el 1 de enero de 2025. Para el resto del territorio nacional es a partir del año 2026.