El pasado 22 de julio, el juez árbitro Oscar Torres Zagal resolvió condenar a Huawei por incumplimiento de contrato, tras una demanda arbitral presentada por su exsocia, la firma CTF Tecnología, la cual había acusando millonarias deudas. Esto, luego que el gigante tecnológico decidió poner fin a sus locales en Chile. Ante una fuerte baja en ventas, impactados por la desaceleración y el efecto del bloqueo de EE.UU. -que les impide usar el sistema operativo Android de Google-, habían decidido vender solo a través de comercio electrónico y minoristas.

El caso tuvo incluso ribetes diplomáticos, cuando el socio y gerente general de la empresa, Rodrigo Claverie, escribió una carta al embajador de China en Chile, Niu Qingbao. En varias páginas, explicaba la relación que la empresa había tenido con Huawei y cómo el cierre de sus tiendas los había colocado en una compleja situación que se transformó en un litigio legal.

El laudo, que consta de 322 páginas, ordena a Huawei pagar a CTF Tecnología $780 millones por daño emergente y daño moral, y el pago de las costas del juicio.

Desde Huawei, a través de una declaración pública indicaron que “Huawei Chile confía en los tribunales de justicia y sus resoluciones. Tenemos la certeza de que hemos obrado de acuerdo a la ley y la ética, y que ello será considerado en las siguientes etapas. Esta es una causa en desarrollo, con una decisión preliminar y no final”.

Todo comenzó cuando el 18 de agosto de 2022, Huawei comunicó a CTF Tecnología el cierre de sus locales de ventas de artículos electrónicos en Chile, afectando la operación de su socio chileno.

La firma acusó perjuicios por el no pago de compromisos tras el cierre de tiendas. “Todo ello, como consecuencia directa de los incumplimientos y el actuar de mala fe de Huawei”, consignó la demanda.

Mientras, Huawei se defendió señalando que el tribunal arbitral carecía de jurisdicción para resolver la controversia. A su parecer, una de las cláusulas del Retailer Agreement firmado con la empresa establecía que el diferendo debía ser resuelto por un árbitro del CAM Santiago y no por un árbitro designado por tribunales ordinarios.

Según la sentencia, “Huawei inició una estrategia de ir dejándolos sin contenido, incumpliendo sus obligaciones de mantener personal de demostración de productos en las tiendas, retirando también el servicio técnico de reparación, lo que fue gravitante en el mal resultado de la venta”.

“La acción tenía por objetivo fijar precios de ventas en ambos canales, lo que hizo imposible competir en igualdad de condiciones, dejando a su socio o partner en condiciones de no poder competir en el mercado en igualdad de armas en un periodo especialmente difícil, ya que registraba pérdidas en todas sus tiendas a partir de 2021, y con clientes que argumentaban en la tienda física que optaban por comprar en el sitio web, ya que los precios eran sustancialmente más bajos y con incentivos adicionales que CTF no podía otorgar a los consumidores, según se ha acreditado de manera extensa y circunstanciada con las declaraciones de los testigos de la parte demandante”, estipuló la sentencia.

James Black, socio de Gandarillas, Montt, Del Río Abogados y representante de CTF Tecnología, sostuvo que “la sentencia es contundente en sancionar a Huawei por graves y reiterados incumplimientos de contratos con CTF, su supuesto partner en Chile. Tanto así que califica ciertos actos como abusivos y constitutivos de competencia desleal, dejando en evidencia un actuar de mala fe de la compañía y su administración, por lo que fueron sancionados a pagar las costas del arbitraje”.

Frente al revés, Huawei presentó un recurso de casación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y lo mismo hizo CFT Tecnología, que exige un monto mayor de indemnización.

Huawei, representada por Alberto González, socio de Prieto Abogados, insistió en que la sentencia debe ser revocada debido a una causal de casación, argumentando que fue pronunciada por un tribunal incompetente. Al mismo tiempo, denunció que el tribunal arbitral declaró la existencia de competencia desleal, pese a no tener competencia para ello. Además, la sentencia condenó al pago de rentas de arrendamiento que no fueron solicitadas por CTF.

“El perjuicio causado solo es reparable con la declaración de nulidad, ya que nos encontramos ante la última posibilidad de que aquello que fue otorgado más allá de lo pedido, o sin siquiera ser requerido por la demandante, sea subsanado por la Corte de Apelaciones”, acotó.

Por su parte, la apelación de CFT Tecnología, patrocinada por los abogados Cristián Gandarillas, James Black y Manuel de la Prida, sostuvo que la sentencia acreditó los incumplimientos de Huawei, al vaciar el contrato para perjudicar aún más las ventas. En su presentación, CTF exigió una indemnización total de $2.162 millones e insistió en sus cuestionamientos en contra de la empresa china, acusándola de actuar de mala fe.

A su parecer, la decisión de facto de la gigante tecnológica china provocó diversas pérdidas, y por lo tanto, la indemnización debe ser mayor. Por ejemplo, adquirió 13 Huawei D14 Intel i5 de 8GB de décima generación por una suma de $117.716 por unidad, pero pagó a la empresa china la suma de $529.405 por unidad, lo que representa una pérdida de $5.351.957.