Impuesto a millonarios en EEUU enfrenta obstáculos en el Congreso

El jefe del comité de la Cámara de Representantes a cargo de la ley de impuestos dijo que una propuesta para imponer un gravamen a los activos de los multimillonarios no será parte de las negociaciones sobre el proyecto de ley de gasto social del presidente Joe Biden, lo que agrega más incertidumbre sobre cómo los demócratas pagarán la agenda del presidente.

Richard Neal, presidente del comité de Medios y Arbitrios de la Cámara dijo el miércoles que no hay apoyo para que el impuesto a los multimillonarios se apruebe en el Congreso.

Señaló que la Cámara está discutiendo con el Senado la inclusión de una sobretasa del 3%, además de la tasa de ingresos máxima, para aquellos que ganan más de US$10 millones.

Pero el autor de la propuesta fiscal para gravar a los multimillonarios, el presidente de Finanzas del Senado, Ron Wyden, insistió en que el plan no está muerto y que todos los senadores enviarán a miembros de sus equipos a una reunión informativa sobre cómo funcionaría que se realizará el miércoles por la noche.

La oposición al impuesto a los multimillonarios en la Cámara y el Senado solo unas horas después de su introducción, y después de que la Casa Blanca dijera que Biden respaldó el plan, ilustra lo lejos que están los demócratas de completar el trabajo en la pieza central de su agenda nacional a pesar de las declaraciones optimistas de los líderes del partido.

Varias otras disposiciones sobre ingresos también están en proceso de cambio, incluido un plan para los nuevos requisitos de presentación de informes para las cuentas bancarias, junto con elementos clave de las políticas sociales.

Las tensiones Wyden-Neal también muestran la lucha cada vez más dura entre los demócratas para llegar a un acuerdo sobre un paquete de gasto social que podría acercarse a los US$2 billones y para promulgar muchos de los objetivos a largo plazo del partido.

Wyden propuso el impuesto a los multimillonarios como una alternativa al aumento impositivo a las empresas y a las personas con mayores ingresos para ayudar a financiar un plan expansivo de programas sociales y de proyectos para combatir el cambio climático.