El gerente general de Clínica Las Condes (CLC), Pablo Ortíz, envió a mediados de diciembre pasado una carta al ex director médico, Rodrigo Mardones, en la que le comunicaba su despido, el que se haría efectivo a finales de ese mes.

La misiva desató un nuevo conflicto entre la compañía, controlada por la empresaria Cecilia Karlezi -a través de la sociedad Luces Tres- y presidida por su pareja Alejandro Gil, Rodrigo Mardones, facultativo que arrastra una serie de litigios por millonarias deudas.

El 11 de marzo de 2024, el doctor, especialista en traumatología y en particular en cadera, interpuso una demanda por despido improcedente y cobros de prestaciones laborales en la que exigió ser indemnizado en $5.646 millones.

En su acción, Mardones relató que comenzó a trabajar en CLC, como asesor clínico, el 3 de enero de 2016, que su remuneración era de $37 millones y que su despido se debió por necesidades de la empresa. Mardones había dejado el cargo de director médico a mediados de octubre y luego siguió como “asesor clínico”.

El viernes de la semana pasada se realizó la audiencia preparatoria en la que no hubo conciliación y se fijó la audiencia de juicio para el 14 de enero de 2025 será la audiencia de juicio. La ocasión sirvió para que los abogados de las partes presentaran una serie de documentos de la prueba.

Bajo ese contexto, el médico Rodrigo Mardones, a través de su abogado Mauricio Chocair, entregó una serie de conversaciones que sostuvo con ejecutivos e incluso un diálogo que mantenía con el presidente de CLC, Alejandro Gil. Los intercambios develarían, según la defensa, el constante intercambio que mantenía el doctor con el mandamás de la clínica.

Según los pantallazos, protocolizados el 17 de abril de 2024, ante el notario Patricio Corominas, el 15 de septiembre de 2023, Rodrigo Mardones, entonces director médico de CLC, le envió a Gil a las 8 horas con 11 minutos un artículo de prensa de Pulso en el que se detalla el empeoramiento de los resultados de las empresas Ipsa al primer semestre del año pasado.

A las 12 horas con 59 minutos, le informó -a través de un mensaje que Mardones reenvió, que una paciente había presentado una demanda en contra de la clínica, un ginecólogo y una matrona. “Es una supuesta negligencia, que consiste en dejar una compresa quirúrgica en su interior, luego de una cesárea. El tiempo que habría estado la compresa fue desde el 6 de septiembre de 2019 hasta el 4 de febrero de 2021″, dice el texto que reenvió.

Posteriormente, en la tarde, a las 18 horas con 29 minutos, Mardones escribe a Gil: “Oddó. Contrato $40 millones líquidos. Con indemnización Gold. Modelo médico con plazo fijo de cinco años”, dijo Mardones a Gil. Y sin mediar respuesta del presidente de CLC añadió al mismo párrafo: un “aporte 7%”.

Según el abogado de Mardones, Mauricio Chocair, al decir “indemnización gold”, su cliente se refiere a “un concepto estadounidense, ellos hablan de golden parachute y se refiere a las indemnizaciones de salida de un trabajador que tenga un cargo preciado por alguna organización”. Mardones estaba renegociando su contrato y ese acuerdo era gestionado como contraparte por el entonces abogado de CLC, Sebastián Oddó, quien dejó de asesorar a Gil y Karlezi en noviembre de 2023.

Al día siguiente, Rodrigo Mardones le escribió a Alejandro Gil para contarle que había encargado un cambio sobre unos documentos, por atenciones médicas “sin garantías”.

“Buenos días. Pedí corregir eso en UBS. El martes llega corregido. Pablo (Ortiz) tiene las carpetas de documentos a completar y lo estamos montando”, explicó Mardones.

Tras el mensaje, el presidente de CLC respondió afirmativamente con un sticker de Popeye, levantando su dedo pulgar.

“La carpeta la dejaremos lista para el Plan C. Perestroika”, concluyó Mardones. Esto último en alusión al plan para reordenar la gestión de CLC y la histórica iniciativa de la URSS.

Mardones también adjuntó conversaciones con Carolina Rocco, subgerente de administración de la clínica, y los abogados Fernando Erices y Martín Coronado.

CLC contestó la semana pasada la demanda. Para la clínica, el conflicto debería ser abordado en sede civil y no en tribunales laborales.

“La verdadera intención del demandante es de hacerse con indemnizaciones completamente desmesuradas con la finalidad de enfrentar el proceso concursal que se encuentra atravesando en estos momentos en el cual se declaró su liquidación forzosa”, concluyó.

En su presentación la compañía recordó que el demandante se encuentra en quiebra y según la Ley de Insolvencia, y por lo tanto, “el deudor sólo puede interponer por sí las acciones que se refieren exclusivamente a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella”.

CLC negó que adeude $5.427 millones por el termino anticipado del un supuesto “contrato marco” del 25 de septiembre 2023, ya que es el propio médico quien debe $573 millones por préstamos y retenciones por pensión alimenticia.

CLC negó que haya suscrito “un contrato marco de semejante características” y este punto cobra relevancia. ¿La razón? Clínica Las Condes pidió un peritaje caligráfico para determinar si la firma puesta en el documento corresponde o no a los comparecientes que aparecen del mismo documento. El juez Daniel Leiva del 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago accedió a la petición.

“El demandante solicita el pago de su remuneración, olvidando que la misma está compuesta de haberes imponibles y tributables, como así también sujeta a descuentos forzosos (retención judicial por concepto de pensión alimenticia) y voluntarios (prestamos económicos, adicionales de salud, etc) que hace que, en el mes respectivo, el monto líquido a pago fuera de $16.002.656, los cuales fueron pagados a través de un vale vista del Banco Santander, el cual fue retirado por el mismo actor con fecha 28 de diciembre 2023, por lo que alegar su no pago es simplemente una manifestación de mala fe”, acusó CLC.