Isapres aseguran que ley corta que prepara el gobierno “no soluciona el problema” y “arriesga el cierre” de estas

Una serie de autoridades, exautoridades y representantes gremiales del sector de salud, se vieron las caras este martes en la Comisión de Salud del Senado para abordar la crisis por la que atraviesan las isapres y ver de qué manera se podría poner en marcha el fallo que dictó la Corte Suprema sobre la tabla de factores sin que caigan las isapres en el proceso.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, comenzó recordando el proyecto que está preparando el gobierno. “Este es un tema complejo, es un tema que implica un riesgo de efecto sistémico al sector salud, razón por la cual el gobierno ha considerado el tener una propuesta de abordaje”, comentó en la instancia.

Ahí explicó que “vamos a presentar un proyecto de ley corta que permita dar cumplimiento a este fallo”, y señaló que “el planteamiento del Ministerio es entrar con un proyecto a fines de marzo, a más tardar la primera semana de abril si es que ustedes están en semana distrital”.

También dijo que “planteamos cifras a título referencial para dar cuenta de la magnitud del problema y de por qué el gobierne estaba entrando en esta propuesta. También planteamos que los plazos en los cuales estamos viendo el cumplimiento de esta sentencia, estamos modelando, y seguimos trabajando en eso y vamos a dar cuenta de esos modelos probablemente a principios de la semana que viene. Y seguimos trabajando en el borrador del proyecto de ley para iniciar un proceso prelegislativo con los asesores de parlamentarios ya con los textos”.

Un poco después hizo su presentación Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres. Una de las cosas que reiteró, fue que “las isapres no han hecho cobros indebidos, no se puede hablar de cobros indebidos, no nos parece que corresponda plantear que existen cobros indebidos, la ley ha obligado a las isapres a usar tablas de factores, está vigente hoy día la circular 343 que es mandatoria para las isapres, tienen que usar esa tabla con esos números para calcular los precios cuando venden o suscriben los planes desde abril de 2020″.

Y enfatizó que “desde el año 2010 han habido ya ocho superintendentes que han revisado, fiscalizado esta situación sin encontrar ninguna anomalía, han pasado cuatro gobiernos, y se ha mantenido la misma situación (...) El fallo lo que hace es que cambia el criterio, a contar del 30 de noviembre pasado dice: este tema hay que mirarlo de una manera distinta”.

Simon también dijo que “hay una discrepancia entre lo que hemos entendido de lo que ha salido del Ministerio de Salud en cuanto a su interpretación, y lo que dice el fallo y lo que ha aclarado la ministra vocera de la Corte Suprema. Nos llama la atención de que la interpretación del Ministerio de Salud indica que efectivamente esto puede traducirse, con una cierta facilidad, al parecer, en una quiebra, porque la verdad es que cuando terminamos en corralito, quiere decir que previo al corralito lo que hay es una quiebra”.

Ahí agregó que “lo que está diciendo es que el fallo provoca una quiebra de las instituciones, sin embargo, nosotros no leemos que eso es lo que busca la sentencia, no es el propósito de la sentencia, todo lo contrario, a nosotros nos parece que la sentencia uno la puede mirar en positivo, en el sentido de que es una oportunidad para resolver de una vez por todas el tema de cómo se aplica la tabla de factores (...) o se puede llegar a una crisis. Esos son los escenarios que tenemos en frente, aprovechémoslo como una oportunidad para resolver un problema de fondo (...) La ministra Ángela Vivanco ha sido muy clara en decir: nosotros jamás hemos pretendido desbaratar ni hacer caer el sistema”.

El presidente de la Asociación de Isapres comentó que el fallo, a su juicio, dice dos cosas. Primero, “que las tablas de factores están vigentes, pero que se debe usar una tabla de factores en particular”. Segundo, que “los niños mientras tengan la edad entre 0 y 2 años, no pagan. Eso es lo que dice el fallo, eso es lo que hay que cumplir”.

Y añadió que “lo que viene después es cómo se implementa el fallo: hay que aplicar la nueva tabla, no se puede producir un alza de precio a nadie, por efecto del fallo nadie puede terminar pagando más, y en este proceso, en este mecanismo que tiene que establecer la Superintendencia, si llegan a haber montos que son a favor del cotizante, se produce la devolución. Pero lo que busca el fallo no es las devoluciones, que es lo que ha pasado a ser protagonista. Lo que busca el fallo es que haya una sola tabla de factores para toda persona que está en el sistema de isapres”.

Sin embargo, a continuación, planteó: “¿Qué es lo que hemos escuchado nosotros hasta el momento? Eventuales devoluciones. El dato que ha sido informado es de US$1.400 millones, no entendemos el monto, porque el fallo nosotros entendemos que aplica desde abril de 2020 en adelante, son tres años, ¿cómo puede ser que en tres años el monto que haya que hacer de devolución sea de US$1.400 millones? El gasto en beneficios que otorga el sistema privado de salud en prestaciones y en licencias médicas, esto es un 35% de ese gasto, hay un exceso de cobro por un 35% del cobro anual en prestaciones de salud, que como remanente en la última línea para las isapres, era cercano a cero. ¿Cómo puede haber un sobre cobro de esa magnitud?”.

En esa línea, dijo que “evidentemente la cifra no es abordable por el patrimonio de las isapres, es 3,4 veces el patrimonio de las isapres”.

Simon recordó que las seis isapres abiertas han perdido alrededor de US$220 millones en los últimos tres años, que es el periodo desde que inició la pandemia hasta ahora. Pero señaló que “si miramos un periodo normal”, entre 2013 y 2019, “durante ese periodo, el resultado, la última línea es un 1,2% de lo que recibe. De lo que recibe la isapre, un 1,2% se transforma en utilidad, eso son US$39 millones al año”.

Pero comentó que acá se calcula que tendrán que desembolsar “US$1.400 millones, lo que dividido por 39, significa que se le está diciendo a las isapres: ingresen US$1.400 millones para poder hacerse cargo, porque remanentes por esa cantidad no existen, y los próximos 35 años, asumiendo que no existen pandemias (...) lo que va a suceder es que se va a demorar ese plazo en recuperar esos fondos, con el nivel de incertidumbre que hoy día existe. Esto no es factible”.

Y además señaló que, según lo que ha comentado el gobierno que buscará incluir en el proyecto, se exigiría “hacer un esfuerzo notable es bajar los costos” del sistema. “Lo que vemos es que el monto que se está planteando es elevadísimo, es infactible, y los cambios que se le están pidiendo al sistema en un plazo muy breve, son más bien materia de reforma, no materia de la puesta en práctica del fallo”, comentó.

Por lo tanto, afirmó que “la propuesta del gobierno, a nuestro juicio, no soluciona el problema, porque si finalmente lo que significa esto es que algunas isapres empiezan a caer, o el sistema completo empieza a caer, no se va a cumplir el fallo, de todas maneras, pero además de eso, no se van a cumplir las coberturas que a las personas les gustaría recibir hacia adelante, arriesga el cierre de las isapres. A nuestro juicio contempla cargas que no estaban pensadas en el fallo”.

También aseguró: “Creemos que la solución debe atender la contingencia, reducirse exclusivamente a cumplir con el fallo, tiene que ver con empoderamiento por ejemplo del superintendente, que tenga mayores facultades para hacer ciertas correcciones. Hay que cumplir con el fallo de todas maneras, tal como está indicado, pero teniendo presente que hay una línea, que se ha reiterado y ha sido informada formalmente: que corre desde abril de 2020 hacia adelante, y no hacia atrás”.