El empresario Jonás Gómez Pacheco ha presentado una querella criminal en contra de Herman Chadwick Piñera, quien actuó como árbitro en un proceso de división patrimonial familiar. La querella, ingresada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, acusa a Chadwick de cohecho, prevaricación y exacciones ilegales. El caso está siendo investigado por el fiscal Felipe Sepúlveda.

El conflicto se originó en 2019, cuando Jonás Gómez y sus hermanos, Magdalena, Teresa y Segundo Gómez Pacheco, identificado en la acción legal como Grupo STMGP, decidieron dividir el patrimonio familiar, compuesto por bienes inmuebles y participaciones en empresas mineras. Ante la falta de acuerdo, se pactó someter la división a un arbitraje y se designó a Herman Chadwick como árbitro. El proceso debía seguir un Acuerdo Marco firmado por las partes. No obstante, Jonás Gómez alega que Chadwick favoreció a sus hermanos, violando los términos del acuerdo.

“Chadwick Piñera infringió los acuerdos a los que las partes habían arribado en el Acuerdo Marco, yendo siempre en beneficio del Grupo STMGP y en perjuicio de los intereses del suscrito y mis hijos”, dice la querella patrocinada por el abogado Álvaro Jofré. Entre las infracciones mencionadas se incluye la asignación de bienes sin realizar el inventario previo, una condición que estaba expresamente estipulada.

La acción penal, presentada el lunes ante el 4° Juzgado de Garantía, también denuncia que Chadwick prolongó el arbitraje mucho más allá del plazo estipulado. El acuerdo original establecía 150 días para concluir el proceso, pero según Gómez, “a la presente fecha ya han transcurrido más de 1.957 días desde el inicio del arbitraje”.

Adicionalmente, se acusa a Chadwick de exigir pagos adicionales a pesar de que sus honorarios ya habían sido cubiertos. En octubre de 2023, Chadwick solicitó $40 millones para pagar a actuarios y en noviembre pidió UF 2.000 adicionales para una abogada de su propio estudio. La querella califica estos hechos como exacciones ilegales: “A pesar de que en el año 2020 había dado por totalmente pagados sus honorarios... requirió $40.000.000 adicionales para sus actuarios”.

El cargo central de la querella es el de cohecho. Según el documento, Chadwick aceptó un informe en derecho elaborado por el ex Ministro de la Corte Suprema Carlos Künsemüller, solicitado y pagado por Claro & Cia., el estudio jurídico que representa a los hermanos de Jonás Gómez en el arbitraje. Este informe fue utilizado por Chadwick para defenderse en una investigación penal en su contra, que lo acusa de prevaricación.

El querellante afirma que “el señor árbitro aceptó un beneficio por la sola posición de su cargo”, refiriéndose al informe entregado por la contraparte. La querella señala que este informe tenía como objetivo “beneficiar al querellado persiguiendo su impunidad por los hechos investigados en la causa”. El documento también sostiene que el informe en derecho fue utilizado como “el principal argumento” para solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa penal contra Chadwick.

El tribunal declaró admisible la querella y remitió el caso al Ministerio Público para su investigación. Entre las diligencias solicitadas están la citación a declarar de Herman Chadwick, Carlos Künsemüller y varios miembros de la familia Gómez Pacheco.

La investigación está enfocada en determinar si las acciones de Chadwick constituyeron un beneficio indebido y si este beneficio influyó en su rol como árbitro.

En conversación con Pulso, el árbitro Herman Chadwick, también ex presidente de empresas como Enel Chile y Aguas Andinas, niega haber cometido alguna ilegalidad en el proceso de repartición de bienes de la familia Gómez.

“Soy una persona seria, respetable y no hay ningún cohecho. En el juicio no se ha pagado ni un peso para la elaboración de informes. Yo como árbitro no he pagado ningún informe. Ellos ha reaccionado mal al juicio y el juicio ha sido tan bien llevado. Todo se ha entregado. Hice la partición y entregué a cada uno sus bienes. Hemos actuado correctamente”, explicó.

Su abogado, Cristián Muga sostuvo que “esta nueva acción penal no solo se fundamenta en hechos falsos y absurdos, sino que manifiesta un abuso del sistema inaceptable. Se trata de una persecución hacia quien ha desempeñado fiel y lealmente su cargo de árbitro y que producto de su trabajo está siendo hostilizado penalmente por una de las partes en el arbitraje. Todas las resoluciones que ha dictado mi cliente han sido recurridas por el querellante y confirmadas en decenas de veces por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema. Confío en que este abuso de sistema penal será prontamente desestimado por el Ministerio Público y los tribunales”.