El selecto grupo de asesores tributarios reclutados por los senadores para afinar el proyecto antievasión

Dos importantes pasos logró dar el proyecto antievasión: la comisión de Hacienda y la sala del Senado lo aprobó en general y con ello ahora se comenzará a trabajar en las indicaciones.

Para lograr este avance, el gobierno y los senadores firmaron un protocolo de acuerdo para acordar cambios en algunos temas claves del proyecto. Entre ellos, el secreto bancario y el denunciante anónimo.

Esta mesa técnica se reunirá diariamente y tendrá un plazo de dos semanas para afinar algunos temas acordados en el protocolo de acuerdo. Y como el tiempo apremia ya se han reunido en tres oportunidades: el jueves de la semana pasada, el lunes y martes de esta semana.

¿Quiénes son los asesores de los legisladores? Por el lado de la oposición la integra Carolina Fuensalida, socia de Fuensalida & del Valle y exasesora en el gobierno de Sebastián Piñera, en representación del senador Juan Antonio Coloma (UDI); Manuel Alcalde, excoordinador tributario del segundo gobierno de Sebastián Piñera y Socio de Carey quien representa a Felipe Kast (Evópoli). Y Sebastián Guerrero, socio de Guerrero Garcés y expresidente del Instituto Libertad, asesorando a José García Ruminot (RN).

Por el lado del oficialismo, aparece Michel Jorratt, quien representa en esta instancia al senador Ricardo Lagos Weber (PPD). Actualmente Jorratt es también asesor del Servicio de Impuestos Internos (SII) y autor del debatido informe incumplimiento tributario. José Miguel Insulza, senador PS, es asesorado por el abogado tributarista Alfredo Ugarte.

A las 8:30 horas puntualmente llegan hasta el Ministerio de Hacienda. En ese lugar los espera la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner y el coordinador de política tributaria, Diego Riquelme. En esa instancia ya definieron la metodología de trabajo y los plazos. Dada la premura con la que se estableció este trabajo, el plazo con el que trabaja esta mesa técnica es tener las indicaciones redactadas y acordadas el lunes 12 de agosto.

En el protocolo se acordó cambios a la figura del denunciante anónimo en un contexto exclusivo de delitos tributarios y asociados a crimen organizado. Sobre secreto bancario se estableció avanzar a través de un procedimiento judicial más expedito que el vigente, focalizado especialmente en casos de delitos tributarios y crimen organizado.