JPMorgan, en el punto de mira de los Estados republicanos por acusaciones de parcialidad religiosa

WASHINGTON- JPMorgan Chase, se ha convertido en el blanco de una campaña de funcionarios estatales republicanos que buscan exponer lo que consideran discriminación religiosa en las prácticas comerciales del banco.

Diecinueve fiscales generales republicanos enviaron este mes una carta dirigida al presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, en la que acusan al mayor banco del país de un “patrón de discriminación” y de denegar a los clientes servicios bancarios por sus afiliaciones políticas o religiosas. En marzo, 14 tesoreros estatales republicanos escribieron una carta similar a Dimon, haciendo las mismas acusaciones.La encuesta sondea las políticas en torno a la libertad de expresión, por ejemplo, en un guiño a los conservadores que creen que los empleados de fe deben sentirse libres de expresar su desacuerdo con las prioridades del lugar de trabajo, como la diversidad o las iniciativas climáticas que consideran progresistas.

Los empleados de JPMorgan han estado recibiendo correos electrónicos durante los últimos días en los que se plantean los mismos puntos que en las cartas, según personas familiarizadas con el asunto y un ejemplo de correo electrónico revisado por The Wall Street Journal.

La campaña de presión se produce antes de la junta anual de accionistas de JPMorgan, que se realizará este martes. Un inversor ha presentado una solicitud para que el banco inicie una investigación sobre las denuncias republicanas. El consejo recomienda a los accionistas que voten en contra.

“Pedimos a [JPMorgan] Chase que ponga fin a su discriminación religiosa y políticamente sesgada y empiece a cumplir su compromiso con una sociedad integradora en la que todos se sientan bienvenidos, iguales e incluidos”, escribió el fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, en una carta firmada por otros 18 fiscales generales republicanos desde Alaska hasta Virginia Occidental.

Las acusaciones subrayan el creciente desafío que se plantea a las empresas estadounidenses en un país dividido por diferencias ideológicas y partidistas. La disfunción en Washington está llevando tanto a republicanos como a demócratas a seguir sus programas en los Estados, que se alinean en lados opuestos de cuestiones polémicas como medioambiente, derecho al aborto, legislación sobre armas, diversidad e inclusión.

Las empresas, acostumbradas a operar sin problemas en los 50 Estados, se ven obligadas a cruzar la creciente brecha. Y eso está resultando difícil. Estados gobernados por demócratas, como California o Nueva York, están restringiendo la inversión de sus fondos de pensiones en empresas que utilizan combustibles fósiles. Otros están restringiendo la inversión en fabricantes de armas. Los Estados republicanos, como Texas y Oklahoma, responden prohibiendo a cualquier institución que cumpla las normas de los Estados azules participar en negocios estatales como la suscripción de bonos.

Los abogados conservadores afirman que las empresas están dando prioridad a cuestiones como los derechos de los homosexuales o el acceso a la salud reproductiva, frente a la libertad de oponerse a esas iniciativas por motivos de fe. Las cartas y correos electrónicos enviados a JPMorgan se hacen eco de esta crítica, afirmando que el banco suspendió las cuentas de al menos tres organizaciones conservadoras y confesionales por motivos religiosos.

Una de las cuentas fue abierta por un grupo multiconfesional, el Comité Nacional para la Libertad Religiosa, dirigido por Sam Brownback, exgobernador de Kansas y embajador itinerante de la administración Trump para la libertad religiosa. Cuando Brownback intentó hacer un depósito unas semanas después de que se abriera la cuenta el año pasado, un cajero le dijo que estaba cerrada.

JPMorgan se comunicó con Brownback, culpando de la suspensión al hecho de no haber recibido la información que necesitaba por razones regulatorias, según una transcripción de una llamada abordando el tema y vista por el Journal.

Brownback sigue sin estar convencido. “Tenemos que sacar a la luz estas prácticas para que los bancos dejen de pensar que pueden salirse con la suya con este tipo de discriminación”, dijo Brownback en una declaración en la que instaba a apoyar la resolución de los accionistas el martes.

JPMorgan negó enérgicamente las afirmaciones, pero se rehusó a abordar detalles de cuentas individuales. “Nunca hemos abandonado ni abandonaríamos una relación con un cliente debido a su afiliación política o religiosa”, sostuvo un representante en un comunicado, señalando también que el banco atiende 50.000 cuentas con afiliaciones religiosas.

Los funcionarios republicanos también exigen que el banco aclare públicamente su posición sobre una serie de cuestiones en el centro de las causas conservadoras, desde la libertad de expresión a los derechos religiosos. La petición llega en forma de una nueva herramienta denominada Viewpoint Diversity Score Business Index, que permite a los inversores medir el respeto de las empresas por la libertad de expresión y la libertad religiosa, según su sitio web.

La encuesta plantea preguntas exhaustivas sobre si una empresa garantiza a sus empleados la libertad de decir lo que quieran en las redes sociales. También pregunta cuánto dinero ha donado el encuestado a conocidos grupos de defensa liberales sin fines de lucro, a los que menciona por su nombre: Center for American Progress, por ejemplo, un grupo progresista de abogados, o el Southern Poverty Law Center, un grupo de derechos civiles conocido por su labor legal contra grupos extremistas.

El índice está diseñado como una imagen especular de otras encuestas de este tipo -realizadas por empresas de calificación o universidades de investigación- que suelen mostrar el grado de compromiso de una institución con la inversión medioambiental, social y basada en la gobernanza, o ESG, que se ha convertido en la abreviatura de una amplia gama de causas, ya sean climáticas o sociales, que a menudo defienden los progresistas.

La carta de los fiscales generales, fechada el 2 de mayo, indica que JPMorgan celebra sus buenas puntuaciones en una encuesta realizada por Human Rights Campaign, un grupo de defensa del colectivo LGTBQ. Sin embargo, cuando se pidió a JPMorgan que rellenara la encuesta sobre posiciones importantes para los conservadores, envió la siguiente respuesta:

“Gracias por ponerse en contacto con JPMorgan Chase & Co. Investor Relations”, manifestó el banco cuando se le pidió realizar la encuesta, según un correo electrónico. “Desafortunadamente, debemos rehusarnos a responder a esta encuesta ya que no creemos que la organización esté adecuadamente alineada con las iniciativas de diversidad y la dirección de JPMC”.

JPMorgan afirma que esa respuesta fue un error. “Recientemente nos enteramos de que la encuesta fue enviada por correo electrónico a un buzón de 2021 que generalmente no recibe encuestas y, sin las revisiones adecuadas, la solicitud fue rechazada”, reconoció el representante en un comunicado.

“Estamos considerando activamente participar en la encuesta en su ronda de 2023″, dijo el representante, y agregó que “y estamos apuntalando nuestros procesos de revisión y si respondemos o no a la miríada de solicitudes de encuestas que recibimos cada año de todo el mundo”.

Las cartas forman parte de un esfuerzo más amplio dirigido a las instituciones financieras. La semana pasada, Oklahoma prohibió a 13 instituciones financieras hacer negocios con el Estado por políticas medioambientales que, según el Estado, equivalían a un “boicot” a sus empresas de combustibles fósiles, una importante fuente de empleo en el Estado.

El actual modelo ESG tiene detractores en todo el espectro político. Algunos gestores de inversiones que habían adoptado los criterios ESG dicen que siguen creyendo que es una buena idea en teoría, pero que no ha cumplido sus promesas. Un antiguo ejecutivo de BlackRock escribió un libro en el que sostiene que el ESG no ha demostrado ser ni un generador fiable de rendimientos ni un verdadero catalizador del cambio.

Pero los costos de resistirse al movimiento ESG pueden ser considerables. En 2021, Texas prohibió a cinco grandes instituciones financieras suscribir las emisiones de bonos municipales del Estado en respuesta a que los prestamistas restringían los negocios con armas de fuego o empresas de combustibles fósiles. La medida redujo la competencia entre los suscriptores, aumentando los costos. Como resultado, “los emisores de Texas incurrirán en entre US$ 300 y US$ 500 millones en intereses adicionales sobre los US$ 31.800 millones prestados durante los primeros ocho meses” tras la promulgación de la prohibición, según un estudio conjunto de la Wharton School, una escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, y el Banco de la Reserva Federal de Chicago.

Los republicanos dicen que les preocupa que instituciones como JPMorgan -el mayor prestamista de Estados Unidos- hayan crecido tanto que puedan imponer decisiones sobre, por ejemplo, el medioambiente, a sus clientes y a las comunidades a las que sirven.

“Todos intentan aprovechar su poder para convertirse en responsables políticos”, dijo Sean D. Reyes, fiscal general de Utah y uno de los firmantes de la carta.