El 15 de diciembre de 2021, K2 Advisors -sociedad de asesoría en inversión ligada a Naím Jadue, Alejandro Parraguez y Hernán Martínez- solicitó iniciar un arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) en contra de González Hoch Dos y Compañía Limitada -propiedad de los abogados Francisco Javier González Hoch (54) y su cónyuge Bernardita Díaz Gude (37)-, por incumplimiento de contrato.

Se trata de una contraofensiva iniciada por los socios de K2 y el asesor de la firma, Cristián Araya, -ex gerente de Banchile- en un conflicto que está recién comenzando y que podría derivar en un litigio de carácter penal. La acción judicial fue activada casi dos meses después de que la sociedad Asesoría San Patricio Ltda, -también propiedad de los abogados mencionados- presentara ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, el 26 de octubre 2021, una medida prejudicial en la que pidió la exhibición de una serie de documentos y lanzara fuertes acusaciones contra la empresa de inversiones y el ex ejecutivo sancionado por el denominado caso Cascadas.

Todo comenzó cuando en mayo de 2016, Naím Jadue, quien era amigo de la familia, ofreció a Francisco Javier González Hoch y Bernardita Díaz Gude los servicios de su empresa de asesoría de inversiones K2, lo que denominó la etapa de “gestión profesional” de los ahorros de San Patricio.

El 20 de mayo de 2016 se suscribió un contrato de administración de cartera y mandato entre San Patricio y K2. Se dejó constancia que la cartera inicial de San Patricio que sería administrada por K2 correspondía a 645.000 acciones de CAP, cuyo valor promedio de los últimos meses es de alrededor de $6.450.000.000. Asimismo, se celebró un contrato de administración de cartera entre Francisco Javier González Hoch y K2 por una cartera administrada de $ 297.808.350

El caso es que -según consigna la medida prejudicial- Nain Jadue, socio de K2 decidió en 2018 viajar fuera del país durante seis meses y entregó el manejo de las inversiones de Asesoría San Patricio Ltda. a Cristián Araya, quien actuó como un asesor financiero de la firma.

“Después de que estalló la grave crisis de la Bolsa en marzo y abril de 2020 por la pandemia de Covid-19, han ido saliendo a la luz paulatinamente gravísimos hechos que habían sido ocultados por los futuros demandados. Los socios de K2 y ésta se habían enriquecido indebidamente entre los años 2016 y 2020, recibiendo en forma oculta más de $800 millones en dineros provenientes del patrimonio de San Patricio mediante reembolsos ocultos”, acotó el mismo documento.

“Existe el riesgo cierto, con la administración delegada impropiamente por los socios de K2 al sancionado Araya, las ilegales órdenes dadas por éste a Corredoras de Bolsa estando inhabilitado para hacerlo, los evidentes conflictos de interés con que actuaron y el enriquecimiento ilícito por las comisiones ocultas no informadas, que esos hechos den lugar a una avalancha de demandas contra K2 y sus socios”, acotó el mismo escrito.

Según la medida prejudicial, “Araya mantuvo endeudada a San Patricio con préstamos de corredoras de bolsa por más de $7.000 millones en operaciones denominadas simultáneas. Esa deuda está invertida en acciones que se mantienen siempre rotando, esto es, mientras no se devuelve el préstamo las acciones son vendidas y recompradas una vez al mes. Así, si la comisión de la corredora es de casi un 0,3%, al vender todas las acciones objeto del préstamo, San Patricio pagaba a la corredora $ 21 millones cada mes. Si ese monto se multiplica por 48 meses de rotación, San Patricio pagó en comisiones más de $1.000 millones de las cuales los futuros demandados recibían ocultamente un 80% esto es, más de $800 millones sin haber pedido autorización a su cliente, y aunque éste tuviese pérdidas”.

“La suma total de las indemnizaciones y restituciones que se exigirán a los futuros demandados en forma solidaria ascenderá a $13.473 millones, sin perjuicio de las obligaciones adicionales de restituir las 645.000 acciones de CAP en caso de ser declarada la nulidad del Contrato de Administración de Cartera entre K2 y San Patricio (GH2)”, acotó la medida prejudicial.

Francisco Javier González Hoch es abogado experto en libre competencia y arbitraje. Cuenta con 28 años de experiencia en litigios civiles y anteriormente se desempeñó al igual que su actual cónyuge como miembro del estudio Barros, Letelier y González como socio a cargo del área de litigios.

Frente a la serie de de acusaciones, el abogado de Cristián Araya, José Coz, explicó que “todas las transacciones objeto de cuestionamiento fueron expresamente ordenadas por Francisco González Hoch. El nivel de riesgo asumido fue una decisión solamente motivada por él, que es un inversionista calificado y abogado con experiencia profunda en el mercado financiero”.

“Hemos ingresado una solicitud de arbitraje ante el CAM Santiago para exigir el cumplimiento de los acuerdos asumidos por Francisco González Hoch y evaluamos acciones criminales por los dichos vertidos en la medida prejudicial iniciada por él”, añadió.

En una de sus presentaciones ante el tribunal, el abogado Coz cuestionó “que la contraria insulte derechamente a nuestro representado Cristián Araya Fernández, refiriéndose a él como Canalla, lo que hace numerosas veces en su presentación de fecha 7 de enero de 2022, por medio de la cual ella solicita la ampliación de medida prejudicial”.

“Su desprestigio era tan grande que es conocido en el mercado con el funesto apodo de canalla, lo que incluso atestigua la prensa especializada. Si hubiésemos sabido que nuestra antigua persona de confianza Naim Jadue dejaría a cargo de la administración de nuestros ahorros familiares era conocido en el mundo bursátil como “Canalla”, jamás lo habríamos aceptado”, acotó la presentación de Bernardita Díaz, quien es representada por el abogado Cedric Bragado.

Consultado sobre el proceso de apelación a la multa de 75.000 UF ($2.342 millones) que le aplicó a su defendido en 2014 por el caso cascadas la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) -hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF)-, Coz sostuvo que “la justicia aún no ha determinado ninguna sanción definitiva para Cristián Araya, la que está en proceso de apelación en la Corte de Apelaciones de Santiago”.

En su resolución la SVS concluyó que “Banchile Corredores de Bolsa S.A. efectuó, mediante su ex gerente de inversiones, señor Cristián Araya Fernández, operaciones en el mercado de valores por medio de actos engañosos, toda vez que utilizó indebidamente los mecanismos bursátiles en las transacciones antes mencionadas”.

Sin embargo, el 15 de diciembre de 2019, el 22º Juzgado Civil de Santiago redujo en más de 80% los montos impuestos por la CMF a Banchile, Cristián Araya, CHL (exLinzor) y Canio Corbo. De este modo, la sanción aplicada contra exgerente de inversiones de Banchile pasó de 75.000 UF a 10.000 UF ($312.367.300).

Tras ser publicado este artículo, la abogada Bernardita Díaz envió la siguiente declaración: “La medida prejudicial la presenté yo a título personal, por los perjuicios que yo misma sufrí, siendo yo soy la única representante de la sociedad San Patricio, afectada por los actos ilegales de Cristián Araya, K2 Advisors y Naim Jadue. Así, el escrito dice ‘En representación de la señora Díaz, preparamos una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual solidaria’ contra esas personas”.

A continuación, afirmó: “Yo represento a San Patricio ante el Centro de Arbitrajes -cuya vicepresidenta es la cónyuge de Naim Jadue- y soy yo la única que he llevado este caso adelante. Se da además el absurdo de que ante el CAM los ofensores -K2, Jadue, Araya- se presentan como víctimas y a la sociedad afectada como ofensora, una cosa verdaderamente increíble”.

Según consta en documentos en el Diario Oficial, sin embargo, administración de la sociedad Asesoría San Patricio Limitada estuvo en manos del abogado Francisco Javier Gonzalez desde el 13 de febrero de 2021 hasta el día 20 de enero de 2022, cuando fue reemplazado por su cónyuge.

Bernardita Díaz también respondió al abogado Araya: “Las declaraciones del abogado Coz son groseramente discriminatorias y burdamente machistas. Si él intenta seguir excluyéndome en mi rol como de mujer afectada y ocultando o minimizando mi dolor, me veré obligada a ejercer en su contra una demanda de discriminación por Ley Zamudio. ¿Será que tiene temor de enfrentarse a una mujer?”.