El exgerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, y el exgerente de finanzas, Claudio Tessada, intentarán en las próximas semanas activar su ofensiva legal para intentar revertir el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por presunta colusión, un caso que podría tardar varios años, como estiman abogados especialistas en libre competencia.

La agencia antimonopolio acusó a las tres principales cadenas de casinos del país (Dreams, Enjoy y Marina del Sol) de actuar de manera concertada para influir en el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos organizadas a nivel nacional por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en 2020 y 2021.

Para la Fiscalía, los bonos juegan un papel clave en la colusión, ya que proporcionaban incentivos financieros a los ejecutivos involucrados. Según los antecedentes mencionados por la FNE, los ejecutivos de Dreams Jaime Wilhelm y Claudio Tessada recibieron bonos vinculados a la renovación de los permisos de operación de casinos, los cuales alcanzaron 1.051 UTA y 631 UTA, respectivamente. Estos bonos fueron considerados un factor que favoreció y facilitó la conducta colusoria entre las empresas, al estar directamente relacionados con los permisos obtenidos a través de la colusión. Y fueron empleados por la FNE para calcular las multas que pidió contra ambos al TDLC: a Jaime Wilhelm una multa de 1.218 UTA, la más alta de todas, cerca de US$ 1 millón, y a Claudio Tessada, de 761 UTA.

Sin embargo, fuentes cercanas a los ejecutivos afirman que ambos ejecutivos no recibieron los bonos por parte de Dreams bajo los términos indicados por la FNE en su acusación. Sostienen que, aunque recibían su sueldo, los bonos nunca se pagaron ni cobraron, lo que implicaría que la fiscalía estaría sobreestimando el monto de las sanciones solicitadas. Esta situación habría sido explicada en el marco de la investigación, cuando ambos prestaron declaración ante la Fiscalía por largas horas.

Por otro lado, las misma fuentes consultadas plantearon que parte importante de los chats que mostró en su requerimento la FNE se entienden bajo un contexto de preocupación de la industria, por el cierre durante 18 meses por la pandemia, y las bases de licitación, que entregaban más beneficios al Estado.

Hoy el exgerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, y el exgerente de finanzas, Claudio Tessada no cuentan con trabajos remunerados e intentan levantar proyectos. Los ejecutivos sostienen -a sus cercanos- que no hubo un acuerdo de mala fe en un periodo de cambios regulatorios, como lo estaba planteando la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ).

Desde el inicio del proceso, ambos ingenieros comerciales de la Universidad Católica, cuentan con la asesoría legal de Radoslav Depolo, abogado socio de Kennedys y exministro del TDLC.

El litigio es un desafío mayor para el abogado, pues es la primera vez que asume un caso de colusión.

Detrás de la salida de ambos gerentes se esconde una fuerte disputa entre el directorio de Dreams y los ejecutivos. A través de una declaración pública emitida el 4 de octubre un día después del requerimiento, Dreams dejó clara su postura, distanciándose de sus ex empleados: ‘Rechazamos toda mala praxis que contravenga los lineamientos del directorio, el cual siempre ha mandatado competir en las licitaciones y actuar conforme al marco legal en todos sus procesos”.

Al inicio de la investigación, el 18 de abril de 2022, Juan Correa Serrano, entonces jefe de la División Anti-Carteles de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), se inhabilitó de participar en el caso. Correa, quien ingresó a la FNE en 2010 y dejó la institución el 2 de julio de 2024, explicó a Pulso que se apartó porque consideraba que concurrían las causales legales, sin dar detalles adicionales sobre los motivos. Solo él y su superior en ese entonces, Ricardo Riesco, conocían las razones detrás de su decisión.

“Me inhabilité porque entendía concurrían las causales legales”, explicó a Pulso, declinando entregar información adicional sobre los motivos.

Tras su inhabilitación, el abogado Eugenio Ruiz-Tagle tomó las riendas de la investigación, siendo sucedido más tarde por Matías Belmonte, quien asumió como jefe subrogante de la División Anti-Carteles. Belmonte, abogado de la Universidad Católica y doctorando en Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, centra su tesis en la legitimidad penal de los programas de clemencia.

Después de su salida de la FNE, Correa se incorporó como académico en la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), donde dicta dos cátedras y asiste dos veces por semana. Aunque aún no formaliza su incorporación a un estudio de abogados, mantiene un preacuerdo con un bufete y, según fuentes cercanas, podría sumarse a Bering Asesores, liderado por Ricardo Riesco.

Durante la gestión de Correa, se presentaron doce requerimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, destacando casos como la colusión en precios de carne de pollo, acuerdos entre laboratorios en licitaciones públicas, y colusiones en empresas de transporte de valores, además de las primeras resoluciones extrajudiciales en casos de colusión.