El 5 de enero de 2023, Vantrust Capital Administradora General de Fondos S.A. -ligada al empresario Patricio Nazal- interpuso una querella contra los directores de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV), Gustavo y Daniel Vicuña Molina, Vicente Claro, Alfonso Molinare y Patricio Eguiguren, y el gerente de finanzas, Guillermo Rodríguez.

En la querella, admitida ayer a tramitación por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, la gestora de fondos de inversión solicitó investigar a los directivos y ejecutivos por los presuntos delitos de “quiebra o liquidación fraudulenta” y la “administración desleal de patrimonio ajeno”. Pero también lanzó duras acusaciones en contra de los controladores de la constructora, denunciando el “ocultamiento sistemático de información” para no detallar la real situación de la empresa.

Vantrust Capital actualmente administra 10 fondos, entre privados y públicos y gestiona activos por $45.500 millones, dentro de los cuales se encuentra el Fondo de Inversión Privado Vantrust CVV II, el cual es el mayor acreedor en el proceso de liquidación de la constructora, con un pasivo total de $6.551 millones.

Según la acción penal, que es dirigida también en contra de la persona jurídica de la empresa y patrocinada por la abogada Catherine Lathrop, el 3 de junio de 2022 representantes de la administradora y CVV sostuvieron una reunión, cuatro meses antes de que la constructora solicitara su liquidación voluntaria.

Al encuentro asistieron el también gerente general de CVV, Gustavo Vicuña, y el gerente de finanzas, Guillermo Rodríguez. “En esta reunión, CVV hizo un gran énfasis en que no debíamos alarmarnos, insistían en que sus proyecciones eran todas positivas y que para pagar a los inversionistas, harían préstamos directos de los socios a CVV y así se generaría la liquidez necesaria para cumplir las obligaciones, habida consideración de que los socios y las empresas relacionadas estaban en un buen momento económico y con proyectos con rentabilidad”, consignó la querella.

Según VanTrust, para “fundar sus supuestos buenos augurios” los representantes de CVV proyectaron que, en 2022, sus ingresos serían cercanos a los a $134.484 millones, desglosando por cada ítem de inversión cuáles de esos ingresos correspondían a obras ya contratadas, a obras por adjudicar y a obras por contratar. “Finalmente, se nos dijo que – en cuanto al Estado de Resultado – se proyectó para el 2022 una ganancia cercana a los 1.500 millones, la que era muy similar a la obtenida el año 2021, por lo que, haciendo fe de aquellos dichos, las cosas parecían sustentarse”.

Sin embargo, el 31 de agosto del 2022, VanTrust Capital, en su calidad de administrador del FIP, solicitó antecedentes que permitieran dar real sustento a los dichos de los ejecutivos de CVV. Para ello, VanTrust envió un correo electrónico solicitándoles un prebalance y los IVA de abril, mayo, junio y julio del año 2022, además de un cuadro de obras en ejecución actualizado.

Toda esta información solicitada, según VanTrust Capital, tuvo que ser reiterada en al menos en dos ocasiones, pues no fue sino hasta el 12 de septiembre del 2022 cuando el gerente de finanzas respondió los correos electrónicos y efectivamente remitió la información requerida, salvo una: el prebalance. “No haremos prebalance el 2022, solo el anual que se auditará”, dijo Rodríguez en el correo.

La propiedad de Claro Vicuña Valenzuela S.A., a diciembre del año 2020, correspondía a un 38% de la familia Vicuña; un 28% de la familia Claro, un 12% de la familia Molinare, un 7% de la familia Del Río y un 15% a otros socios diversos y mantenía aproximadamente 3.000 empleados contratados directamente por el grupo.

“Atendido el tamaño de CVV, la verdad es que no se explicaba, salvo que lo que se intentara ocultar o disimular era el real estado de los negocios, ya que esto dejaba a Vantrust Capital Administradora General de Fondos S.A. a ciegas hasta diciembre del año 2022, lo que se contradice abiertamente con lo establecido en sus propias memorias respecto de cómo se debía llevar adelante por parte del comité de auditoría la información”, acotó la querella.

Según la presentación judicial, “las reuniones comenzaron a ser bastante periódicas y a CVV se le comenzó a requerir bastante información, la que iban entregando en cada presentación que hacían por cuentagotas”. “En todas estas reuniones se nos dijo que para pagar la deuda y el no cumplimiento de lo propuesto el 2021 se anticiparían flujos del negocio inmobiliario; que se harían créditos directos entre los socios o matrices del negocio, pero nada de esto – ni tampoco los créditos directos de los socios para inyectar capital – se llevó a efecto; fueron entonces múltiples reuniones en que Vantrust Capital Administradora General de Fondos S.A. solicitaba el cumplimiento de los compromisos adquiridos, pero siempre se dijo por CVV que estaban estas promesas en etapa de evaluación y que se nos notificaría formalmente de la propuesta, lo que se repitió como tónica hasta el final y la última reunión sostenida, sin que jamás se nos manifestara la real situación financiera de la empresa, lo que siempre se ocultó”, concluyó.

“Una semana antes de la solicitud de liquidación voluntaria (semana del 11 de octubre del 2022) se siguió dilatando la real información financiera de la empresa, pues entre toda la información que se nos entregó, el gerente de finanza del CVV, Sr. Rodríguez señaló que los socios habían aumentado el capital en $3.000 millones, que estaban renegociando con los proveedores para salir de Dicom, etc., por lo que ellos se mantenían en que todo estaba en orden, al punto que el día 20 de octubre del 2022 y ante los flagrantes incumplimientos y temores fundados de que los compromisos no se cumplirían, se mantuvo reunión nuevamente con el gerente de finanzas de CVV, quien señaló tajantemente que la constructora no se sometería a liquidación ni reorganización, señalando que el día 21 de octubre se mantendría una reunión con el MOP, la que destrabaría la situación financiera de la empresa, todas cuestiones falsas”, concluyó.