La columna de Claudio Ortiz. “Las múltiples caras del fraude”

La seguridad de la población es un bien público que es necesario proteger. Uno de los ámbitos que en que las personas pueden ver vulneradas su seguridad es a través de fraudes en sus medios de pago electrónicos o en sus productos financieros como las cuentas corrientes.

Es un hecho que las empresas chilenas han sido pioneras en adoptar medidas de seguridad de vanguardia para proteger a los usuarios en el país. En la región las empresas financieras chilenas han ido siempre a la delantera en la adopción de medidas que eviten la clonación, la suplantación o transferencias fraudulentas.

Sin embargo, hace unos años se implementó la Ley 21.234, conocida como Ley de Fraudes, que limitó la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el caso de extravío, hurto, robo o fraude. Es sorprendente que lejos de resolver el problema, los efectos luego de la ley han sido totalmente los opuestos, ya que las denuncias de los usuarios en esta materia crecieron exponencialmente. En el primer semestre de 2023, se reportaron unas 265 mil transacciones fraudulentas -un salto de 122% en relación al primer semestre de 2022- con montos que casi alcanzan los US$100 millones, un aumento de 36% en doce meses.

Hace pocos días se publicó la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que contiene una serie de datos sobre niveles de victimización en materia de seguridad. Uno de ellos indaga sobre, justamente, el nivel de exposición a fraudes con medios de pago o cuentas corrientes. De acuerdo a la encuesta, la tasa de victimización de hogares por clonación o uso no autorizado de tarjeta de crédito, débito o de multitienda alcanzó el 3,4% en 2022, similar al nivel registrado en 2021 (3,5%) y al registro previo a la pandemia en 2018 (3,4%). Algo parecido ocurre con la tasa de victimización de hogares por suplantación de identidad en su cuenta bancaria o tarjeta de crédito que en 2022 marcó 1,8%, en niveles similares a 2021 (1,2%) y 2018 (1%).

Entonces ¿qué explica este fuerte aumento del desconocimiento de las transacciones, mientras la victimización en este tipo de fraudes se ha mantenido inalterada? Sin duda que resulta muy necesario determinar la razón de esta incompatibilidad porque es probable que esta inconsistencia pudiera estar explicada por un incremento del autofraude por los errores técnicos de base con los que fue concebida la ley en esta materia.

Investigar las posibles razones de esta incongruencia es fundamental para evaluar qué pasos en materia de política pública seguir. Sería muy lamentable que los vacíos que dejó la Ley de Fraudes terminen impactando la inclusión financiera y encareciendo el acceso a productos del sector.

En el Congreso se discute un proyecto de ley que envió el Ministerio de Hacienda, que busca corregir los problemas derivados de la Ley de Fraudes. Es una iniciativa que avanza en la dirección correcta y que, como todo proyecto, requiere perfeccionamientos, pero lo más importante es instar a su pronta tramitación. Aquí está en juego la confianza y el desarrollo de los medios de pago electrónicos.

El autor es presidente ejecutivo de la Asociación Retail Financiero.