La columna de Hernán de Solminihac: “Más participación privada en modelo penitenciario”

Durante más de tres décadas, el modelo de concesiones en Chile ha sido un motor fundamental para el progreso de la infraestructura pública. Esta asociación entre el sector privado y el Estado ha desempeñado un papel crucial, permitiendo una activa participación privada en la construcción de infraestructuras esenciales, mientras libera fondos estatales para otras áreas prioritarias.

Es importante destacar que dicha colaboración no implica de ninguna manera que el Estado se desentienda de sus responsabilidades. Por el contrario, debe ejercer un rol activo y garante en todo el proceso, así como las acciones de reinserción de la población penal a través de Gendarmería.

Las inversiones en infraestructura pública a través de concesiones han dejado un impacto significativo en Chile. Los US$ 28 mil millones acumulados desde el inicio del sistema equivalen a un impresionante conjunto de 103 hospitales de alta complejidad, 4.391 centros de salud familiar, 14.638 escuelas, 21.956 salas cuna y 731.880 viviendas sociales. Estas cifras resaltan el poder transformador de la colaboración público-privada en la construcción de un país más próspero y equitativo.

Es importante reconocer, sin embargo, que el panorama actual presenta desafíos adicionales. El costo de las obras ha aumentado debido a especificaciones más rigurosas, mayores requerimientos de mitigación. A pesar de estos desafíos, el dinamismo y la eficiencia del sector privado ofrecen una oportunidad para mejorar la calidad y seguridad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

En el contexto de la actual coyuntura de seguridad, la colaboración entre el sector público y privado se vuelve aún más crucial. En el ámbito penitenciario, por ejemplo, el modelo de concesiones puede desempeñar un papel fundamental en la gestión de la seguridad pública del país. Actualmente, el 36% de la población penal se encuentra en cárceles concesionadas a nivel nacional, lo que subraya la relevancia de este enfoque en el sistema penitenciario chileno.

El compromiso del gobierno de ampliar y modernizar las infraestructuras penitenciarias mediante el modelo de concesiones es un paso en la dirección correcta. La reciente licitación para la construcción y operación de la nueva cárcel “La Laguna” en Talca, con capacidad para 2.300 personas, es un ejemplo tangible de este compromiso. Además, se espera que otras iniciativas, como la construcción de la cárcel “El Arenal” en Copiapó y la licitación para el nuevo penal en Calama, fortalezcan aún más el sistema penitenciario.

Es crucial destacar que el proceso de concesiones ha sido un aprendizaje continuo, donde la cooperación entre el sector público y privado ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra infraestructura. Avanzar en la ampliación y modernización de la infraestructura pública, especialmente en el ámbito penitenciario, no sería posible sin la participación activa del sector privado. De ahí la necesidad de seguir fomentando esta colaboración para garantizar un sistema penitenciario eficiente y seguro.

*El autor de la columna es profesor titular de Ingeniería UC, miembro de Clapes UC y presidente del Colegio de Ingenieros de Chile