La columna de Jaime Lorenzini: “Pago mínimo en tarjetas: hacia una discusión más integral”

Actualmente se encuentra en consulta pública la propuesta normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que modifica el cálculo del pago mínimo en tarjetas de crédito. Aunque bien intencionada, la regulación parece centrarse más en lo que debería ser el comportamiento financiero ideal que en la realidad económica de los tarjetahabientes, planteando serias interrogantes sobre su efectividad y consecuencias.

Desde la perspectiva del consumidor, el pago mínimo es una opción fundamental que refleja la autonomía individual en contextos financieros adversos. La propuesta, al incluir nuevos elementos en el cálculo, incrementa significativamente el monto del pago mínimo, limitando la libertad de elección de los consumidores y desconsiderando las múltiples razones que los llevan a optar por esta alternativa.

La economía del comportamiento nos advierte que las personas toman decisiones financieras basadas en sus capacidades reales, no en supuestos ideales. Sin un estudio previo que integre a los consumidores y evalúe cómo los afectará esta regulación, se corre el riesgo de diseñar una normativa desconectada de la realidad. La evaluación ex ante, como recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), resulta crucial para identificar costos, beneficios y posibles externalidades antes de implementar una política de este tipo.

Otro punto crítico es que el pago mínimo, según datos de la propia Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es una herramienta marginalmente utilizada: solo un 8% de los tarjetahabientes lo usa regularmente, y apenas un 6% de estos mantiene un “pago mínimo perpetuo”. Es decir, para abordar un problema que afecta a una minoría, se está imponiendo una carga financiera adicional sobre todos los consumidores, lo que podría agravar los niveles de endeudamiento y exclusión financiera.

La regulación debe enfocarse también en fortalecer la educación financiera, promoviendo un consumo más responsable y una mejor comprensión de las consecuencias de las decisiones crediticias. En lugar de simplemente endurecer las condiciones, es fundamental acompañar a los consumidores con herramientas que les permitan administrar su deuda de manera más eficiente.

La intención detrás de la propuesta normativa es loable, pero su diseño requiere un enfoque más integral, que considere la realidad del consumidor promedio y sus capacidades. Las políticas regulatorias deben dialogar con las necesidades de las personas, no imponer restricciones que, aunque bienintencionadas, pueden terminar perjudicándolo.

*El autor de la columna es abogado, experto en derecho al consumidor y socio de Lorenzini Twyman