La columna de Javier Salinas: “Críticas, controversias e instituciones económicas”

Desde que inició el proceso de escribir una nueva constitución en Chile, se observó una férrea defensa por la independencia del Banco Central, ya que ésta representa para muchos una parte medular de la institucionalidad económica que ha conllevado a la estabilidad macroeconómica en estas décadas. Sin embargo, este ímpetu no se ha observado ante otros eventos que ponen en riesgo (ya sea de manera directa o indirecta) otros elementos relevantes de ésta.

Hace un par de meses, las cifras de empleo del INE mostraron que entre el primer trimestre y el mismo período del año anterior se habían generado 146 mil empleos asalariados, de los cuales, un poco más de 94 mil fueron en el sector público. Esto fue leído por parte de miembros de los partidos de oposición como un incremento en la nómina del gobierno central y generó fuertes críticas a este último, pero esta situación luego fue desmentida por la Dirección de Presupuestos y el Ministro de Hacienda, contrastando que los empleados directos del gobierno habían caído en este período.

Sin embargo, más de uno (tanto del lado del oficialismo como del de la oposición) dejaron entender que había “imprecisiones” en los datos del INE, cuando, en realidad, lo que ocurrió fue un problema de interpretación: la definición de empleado público del INE “incluye a todas las personas trabajadoras pertenecientes a instituciones estatales incluyendo educación, salud, empresas públicas, entre otras instituciones donde tiene participación el Estado”.

Es decir, la cifra del INE incluye a otros grupos más allá que solamente los empleados del gobierno central, definición que (ya sea por ignorancia o con dolo) fue pasada por alto al momento de interpretarla. La pregunta es ¿qué hizo el mundo económico con esa sensación de imprecisión en los números? Si la respuesta es “nada” o “poco”, nos encontramos ante un debilitamiento de la institucionalidad, cuyas consecuencias se podrán ver en el mediano plazo.

Más recientemente, en medio del debate previsional, se levantó una controversia debido al potencialmente parcial financiamiento del proyecto de PGU aprobado durante el gobierno anterior. Sin embargo, todo este proceso fue acompañado por el Consejo Fiscal Autónomo, en el cual planteó de manera oportuna los riesgos fiscales, lo que, por cierto, llevó al gobierno a cambiar la fórmula de financiamiento en búsqueda de la preservación de la disciplina fiscal. Además, antes de su aprobación, el CFA también destacó algunas dudas respecto a su financiamiento en el mediano plazo. Pero, más allá de esas dudas, el Congreso aprobó la propuesta. Hoy en día el tema regresa a la mesa, pero no viene acompañado de propuestas para fortalecer los procesos para evaluar de mejor manera los proyectos de ley ni para fortalecer al CFA. Y de nuevo, vale la pena preguntarse, ¿este evento dejará un velo de dudas en futuras evaluaciones fiscal de los proyectos de ley?, esto más allá de que ese particular proyecto haya sido totalmente financiado o no.

Si bien uno entiende que la institucionalidad trasciende los ciclos políticos (ya que está diseñada para mantenerse en el mediano plazo, y en más de un sentido, a preservar la estabilidad económica a través de éstos), las esferas políticas pueden afectarla, tanto de manera positiva como negativa. En los eventos anteriormente descritos observamos controversias y críticas desde el mundo político que, ya sea de manera directa o indirecta, afectan de manera negativa la percepción de las instituciones económicas. Pero parte de la fortaleza de las instituciones se basa en su constante escrutinio y revisión con el objetivo de reforzarla. No es tarde aún para que el mundo económico impulse el reforzamiento de éstas (y otras) instituciones económicas con la misma fuerza con la que defiende la independencia del Banco Central.