La columna de Javier Vega: “¿Cuándo es momento de bajar los impuestos?”

La pregunta siempre es al revés. En cualquier discusión en materia tributaria, surgen muchas voces marcando la inconveniencia de seguir subiendo la carga tributaria, entonces viene la interrogante ¿y cuándo, entonces, es momento de subir los impuestos?

Los continuos déficits fiscales -en la última década nueve de los diez ejercicios tuvimos déficits efectivos- y el aumento progresivo de la deuda pública -que saltó en la última década de 11,9% a 38,1% del PIB- han puesto en el debate la necesaria convergencia fiscal. La salud de las cuentas públicas requiere equilibrar los ingresos que percibe el Estado para sustentar los crecientes gastos.

Las progresivas demandas sociales presionan vez tras vez por mayores alzas de impuestos. Aunque pocos se preguntan si lo que se gasta actualmente en el Estado se hace de manera eficiente. Con una lógica parecida a la de Argentina -cuyo lema desde Perón ha sido “donde existe una necesidad, nace un derecho”-, acá hemos ido validando tácitamente lo que ya se incorporó en el presupuesto y cada año se suman nuevas presiones al gasto y, como resultado, se buscan maneras de financiarlo. La adaptación chilena ha sido “donde existe una necesidad, nace un impuesto”.

Pero los recientes escándalos de corrupción han servido para confirmar la percepción de que el Estado no gasta los recursos de manera cuidadosa. Aunque, hay que decirlo, la corrupción flagrante no es el único problema. Una dificultad mucho más extendida -y que también refleja el escaso cuidado de los recursos públicos- es la ineficiencia en la provisión de diversos servicios públicos. Mientras el gasto en educación, en salud, educación y seguridad -por nombrar los más relevantes- han ido en aumento, la calidad de estos ha ido en el sentido inverso. Las dificultades de los Servicios Locales de Educación Pública, listas de espera por atención médica en niveles récords y la creciente ola de asaltos y secuestros grafican esta realidad.

Entonces nos hemos quedado con un Estado más ineficiente, crecientes demandas sociales y una pulsión por subir y subir los impuestos. El problema es que en Chile el impuesto a la renta lo paga solo el 26% de los contribuyentes y a nivel corporativo crece el número de empresas que trabaja en la informalidad. Es decir, los aumentos impositivos los terminan pagando los mismos que ya soportan una carga tributaria alta en términos comparados.

Chile arrastra una década de bajo crecimiento y niveles de inversión ínfimos. Si queremos cambiar esta realidad, este es el momento de bajar las tasas impositivas, no de subirlas. Converger a los “niveles OCDE”, implica reducir el impuesto corporativo al 23,5%, reducir la informalidad y aumentar la base de contribuyentes en los impuestos personales. Y en materia de equidad tributaria, es necesario hacer converger la tasa máxima que pagan las personas al impuesto adicional que pagan los inversionistas extranjeros del 35%.

Irlanda emprendió un camino parecido a fines de los ‘80. Bajaron el impuesto corporativo del 50% al actual 12,5% -uno de los más bajos del mundo- y redujeron las tasas del impuesto personal. Los resultados han sido elocuentes, ya que en el quinquenio previo a la pandemia registró un crecimiento promedio de 9,8% (en contraste con el 2% de Chile) y el PIB per cápita irlandés llegó a US$112 mil en 2022.

El verdadero pacto fiscal que el país necesita es uno que ponga en el centro el crecimiento económico -que es el mayor contribuyente a la recaudación fiscal- y avanzar hacia una profunda modernización del Estado, que haga eficiente el gasto público y elimine focos de corrupción y despilfarro.

¿Y los impuestos? Si queremos volvernos elegibles para los inversionistas extranjeros y locales, ahora es el momento de reducirlos.