La columna de Jorge Claro: “¿El Estado y la guerra contra la delincuencia?”

El temor ciudadano ante la delincuencia alcanza niveles nunca vistos, y con razón. Una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) lo midió en un 57% del total de encuestados. Llama la atención la lenta, débil y tardía reacción de la autoridad.

¿Han reaccionado apropiadamente el Estado y los políticos para combatir la delincuencia? Se sabe que el tema es complejo, pero obviamente hay acciones mejores que otras. Sus resultados constituyen la verdadera medida de su eficiencia.

Se debe reconocer que existen muchas causas, algunas lentas y difíciles de solucionar. En casi todas, el Estado tiene responsabilidades. Uno de los problemas consiste en que quienes no resuelven el problema no perciben los costos de sus malas decisiones, como sí le sucede a los privados. De esto se deduce que se debería establecer – entre otras medidas - la posibilidad de que las víctimas de la delincuencia puedan demandar al Estado por su deficiente gestión en su combate. Por ejemplo, esta opción se puede gatillar si los crímenes y asaltos superan determinados límites en los diferentes municipios. Esto obligaría a contar con un ente independiente que proporcione las estadísticas detalladas, veraces y oportunas de cada delito. Esto haría cuantificable - en las discusiones presupuestarias - las diferentes combinaciones de muchas medidas para este combate, en función de sus resultados esperados.

Entre las múltiples causas que el Estado deberá evaluar al asignar recursos están, por ejemplo, las políticas públicas que han retrasado el crecimiento económico, generando pobreza y desempleo, la falta de estimulación temprana a los niños de las familias más desvalidas, el ausentismo y abandono escolar, el crecimiento del empleo informal, la inexistencia de un sistema eficiente y con recursos de inteligencia anti delictual, el no impedir el ingreso de delincuentes desde otros países y tampoco expulsarlos.

Otro de los problemas tiene relación con la inexistencia de agrupaciones comunales para la prevención y combate de la delincuencia, falta de tecnología moderna para identificar vehículos robados, necesidad de aparatos de identificación facial en lugares estratégicos, rebajar la edad para que un delincuente sea imputable, mejorar y aumentar el número de los vehículos y motos de las policías, modernización del armamento de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), la colaboración de las Fuerzas Armadas, el fortalecer la inmunidad legal de las policías durante el ejercicio de sus funciones y muchas más.

Lo anterior requiere voluntad y recursos, los que se deben ahorrar de múltiples programas mal evaluados y de una excesiva burocracia que solo aumenta con los años.

Al parecer no hay conciencia que la lucha contra la delincuencia debe enfocarse como una verdadera guerra. Y, sin duda, Chile y los chilenos actuarían de una forma muy diferente si se tratara de una guerra de verdad.

*El autor de la columna es ingeniero civil y comercial