La columna de Jorge Claro: ¿Qué hacer?

La reforma previsional lleva años en discusión, sin consenso ni avances concretos. Aquí se plantean sugerencias claves para abordar de manera eficaz este desafío y avanzar hacia un sistema de pensiones más justo y sostenible.

Financiar cotizaciones adicionales aumentando el “impuesto al trabajo” de un 10% a un 16% (60% de aumento) es absurdo, ya que aumentará el desempleo y la informalidad, de manera que se debe buscar otra fuente de financiamiento y exigir que estos aportes adicionales se hagan de manera focalizada, que para el caso de los más vulnerables deberán ser subsidiado en un 100% por el Estado.

El aumento de cotizaciones para los que lo requieran debe financiarse en principio mediante impuestos generales y solo para quienes se proyecte que no alcanzarán una Pensión Mínima Aceptable Socialmente (PMAS), y esto a pesar de haber cotizado una cantidad considerable de años. Por el contrario, quienes cotizaron poco o lo hicieron por salarios sub declarados probablemente no alcancen esa PMAS. En este contexto, la Pensión Garantizada Universal (PGU) no debería ser universal, sino focalizada a quienes, habiendo cotizado al menos un 60% de su vida laboral activa (28 años para hombres y 24 para mujeres), no logren una pensión socialmente aceptable.

Además, es imperativo revisar la edad de jubilación en general, adecuándose de manera flexible a las mayores esperanzas de vida. En principio, no hay razón válida para que las mujeres no se pensionen a la misma edad que los hombres, especialmente considerando que tienen mayor esperanza de vida.

El Estado debe promover la formalización del empleo juvenil desde el primer trabajo. Se propone reforzar y aumentar significativamente el incentivo ya existente al empleo joven. Para ello, se podría implementar un bono anual decreciente para las empresas que contraten a jóvenes, equivalente a un porcentaje del sueldo mínimo. Por ejemplo, el primer año el 75% del sueldo mínimo, el segundo año un 50% y el tercer año un 25%. Esta medida fomentaría la inserción laboral formal en etapas tempranas, fortaleciendo la cultura del ahorro previsional desde un principio.

El Estado debe garantizar acceso reservado en línea a las remuneraciones imponibles de todos los trabajadores para fiscalizar que las empresas cumplan con sus obligaciones previsionales. Como incentivo, las empresas que cumplan rigurosamente podrían recibir beneficios estatales, como créditos tributarios o certificaciones de cumplimiento.

El financiamiento de estas medidas requiere una reforma tributaria bien diseñada, que redistribuye el peso entre los distintos tipos de impuestos. Es esencial recaudar más mediante impuestos menos dañinos para el crecimiento económico y reducir la carga de impuestos más distorsionadores. Esto no solo es factible, sino indispensable para financiar un sistema previsional más equitativo.

En la discusión sobre los costos de administración de las AFP, conviene destacar que lo más importante para los afiliados no es el costo de administración, sino la rentabilidad que obtienen los fondos. Por ley, las comisiones no afectan el ahorro obligatorio, sino que se descuentan de la remuneración.

Para fomentar una mayor competencia, se debe publicitar un ranking de costos y rentabilidades de las AFP, y los contratos de afiliación deberían ser anuales, no mensuales. Esto brindaría mayor estabilidad y permitiría tomar decisiones informadas por parte de los afiliados.

La reforma previsional debe centrarse en generar incentivos para el ahorro previsional, premiar la formalidad laboral y asegurar una vejez digna para quienes cumplieron con su aporte a la sociedad. En lugar de medidas populares pero ineficientes se necesitan acciones focalizadas, técnicamente sólidas y socialmente responsables. ¿Qué hacer? Construir un sistema que premie el esfuerzo, promueva la formalidad y ofrezca equidad real.

*El autor de la columna es Ingeniero Civil y Comercial de la Universidad Católica