La columna de Jorge Claro: “Reformular en lugar de condonar el CAE”

Los asesores electorales, a veces, escriben programas y promesas imposibles de cumplir. Normalmente eficaces para lograr votos, pero sin posibilidades reales de llevarse a cabo. Este parece ser el caso del CAE.



Los asesores electorales, a veces, escriben programas y promesas imposibles de cumplir. Normalmente eficaces para lograr votos, pero sin posibilidades reales de llevarse a cabo.

Este parece ser el caso del CAE. Se otorgan anualmente unos 45.000 CAES y hay más de 600.000 deudores, de los cuales hay menos de 45% al día en sus pagos, haciendo así muy tentadora la idea de condonarles las deudas con fines electorales. Esto también sucede con aquellos que acceden a la gratuidad.

Lo que resulta profundamente injusto es que todos ellos pueden pagar los CAE actuales y esto le cuesta al Estado –entre la gratuidad y el CAE– más de US$2.500 millones anuales, con una deuda acumulada impaga de más de US$11.000 millones.

A continuación, se propone una forma racional de reformular el actual CAE:

1. El Estado debe otorgar los créditos a las Instituciones de Educación Superior (IES), para que ellas se los presten a sus alumnos en las mismas condiciones vigentes en la actualidad, (créditos a Unidad de Fomento + 2% anual, a 20 años con un pago mensual máximo del 10% del ingreso). Las IES le devolverán los créditos al Estado en la medida que recauden los pagos de sus deudores.

2. Las IES deberán garantizarle al Estado entre el 30% y 50% de los saldos impagos de estos créditos a partir del momento que empiece a regir el nuevo método de cobranza. Esto tiene por objeto evitar la proliferación de vacantes en carreras con escasa demanda y motivará acortar aquellas carreras en que esto se justifique.

3. Se establecerá el cobro por planilla de estos créditos, siendo los empleadores responsables de sus pagos en forma oportuna a las respectivas IES. Además, el Estado descontará estas cuotas de cualquier devolución de impuestos o bonos a los egresados que trabajen por cuenta propia. Aquellos deudores que no paguen sus créditos quedarán registrados automáticamente en el boletín comercial.

4. El nuevo método de cobranza es lo más importante de esta propuesta y no se entiende por qué no se hizo así desde el comienzo, lo que hubiese evitado los más de US$11.000 millones de deuda morosa.

Cuando se reclama que estos créditos son en la actualidad una “pesada carga” para los deudores, se debe tener presente lo siguiente:

1. Un estudio de la OCDE determinó que en el caso de Chile los egresados de la Educación Superior al menos duplican sus ingresos con relación a los egresados de la enseñanza media sin estudios superiores.

2. La información oficial establece que un 45,7% de los deudores paga UF 0,54 al mes ($19.800). El 29,4% siguiente paga UF 1,45 al mes ($53.000). El 15% siguiente paga UF 2,42/mes ($88.600). El 10% restante paga una cifra superior a la anterior. No olvidar que una condición muy especial de estos créditos establece que el monto mensual a pagar no puede superar el 10% de los ingresos del deudor.

El CAE actual le cuesta al Estado un flujo de caja superior a los US$500 millones anuales que se “regalan” a personas que perfectamente pueden pagar. Al parecer nadie considera lo que se deja de hacer con estos recursos asignados tan ineficiente e injustamente. Por ejemplo, otorgar educación y estimulación temprana a distancia con el aporte de libros y juguetes didácticos al 80% de los niños de 2 a 4 años de zonas rurales y al 20% de los niños más vulnerables en zonas urbanas cuesta, en régimen, US$28 millones anuales y US$50 millones anuales, respectivamente.

Estos niños sí tienen derecho a esta educación inicial que evitará gran parte las criticadas desigualdades futuras factibles de evitar. Y de verdad no la pueden pagar.

Finalmente, reformular el crédito universitario en los términos antes señalados permitiría suprimir paulatinamente la gratuidad universitaria a alumnos que podrían pagar sin problemas los nuevos créditos reformulados. Esta medida le ahorraría al Estado más de US$2.100 millones anuales.

Reconocer errores y malas decisiones pasadas es una muestra de seriedad y grandeza. En este caso, además, de justicia. Por eso, lo que se debe hacer es reformular el CAE, en lugar de condonarlo. Nunca es demasiado tarde.

El autor es ingeniero civil y comercial de la UC.