La columna de Juan Pizarro: “Secreto bancario y contabilidad”

El actual proyecto de cumplimiento tributario en búsqueda de herramientas para combatir la evasión y elusión propone un acceso amplio a las información bancaria de los contribuyentes, y digo amplio ya que la propuesta de Hacienda contempla el levantamiento no solo en situaciones que pueden tener una justificación tales como narcotráfico, terrorismo, corrupción, delito de contrabando, blanqueo de capitales, delitos tributarios, sino que también se propone acceder a la información bancaria sin escuchar al contribuyente y solicitar directamente a un juez, por tanto sin derecho a oposición, en situaciones donde no existe delito y por tanto el resguardo de la privacidad y respecto total a los derechos de los contribuyentes debieran operar.

Pues bien, entre las causales que justifica hacienda para acceder a la información bancaria sin derecho a oposición del contribuyente, encontramos situaciones que escapan a su aplicación en casos excepcionales justificados, tales como procesos de fiscalización a grupos económicos, precio de transferencia, normas de tributación internacional como las normas de exceso de endeudamiento y las normas de renta pasiva.

Una característica común en la fiscalización en estas causales especiales que busca incluir el proyecto de ley dice relación con el hecho que la autoridad fiscal ya cuenta con enormes herramientas de fiscalización, que van desde acceso a información clave de los contribuyentes vía declaraciones juradas, intercambio de información con otras jurisdicciones, coordinación con otros organismos del Estado como la UAF y Aduana y acceso a la contabilidad integral de los contribuyentes.

De todas las herramientas de control y fiscalización, sin duda la contabilidad completa es central, puesto que los contribuyentes registran en ella bajo métodos y criterios estándar los hechos económicos que afectan al negocio, incluyendo entre ellos precisamente los ingresos y egresos de banco. Además, desde el punto de vista contable existe también la obligación de sustentar dichos movimientos con documentación que respalda las operaciones en el contexto del negocio y en el marco de lo que conocemos como contabilidad fidedigna.

En tales circunstancias llama la atención que Hacienda proponga levantar el secreto bancario en situaciones excepcionales en donde la contabilidad debiera ser el mecanismo de fiscalización por excelencia, y en donde más bien la estrategia debiera ser fortalecer la contabilidad como herramienta de control y fiscalización. Por ejemplo, se podría incorporar la obligación de auditoría financiera a nivel de grandes empresas que tengan un determinado nivel de ventas y restituir la obligación de firma de balances por parte de contadores colegiados que deben cumplir estándares y principios técnicos y éticos establecidos para la profesión al momento de dar validez de la información financiera.

Finalmente, los grandes avances en materia de combate a la evasión se lograron con la instauración de la factura electrónica y digitalización de los procesos. Luego de esta gran modernización un paso natural hubiese sido avanzar sostenidamente hacia la contabilidad electrónica, sin embargo, hace muy poco se dejó de lado el uso de hojas sueltas timbradas por SII y a pesar de que la autoridad fiscal tiene la facultad de acceder remotamente a la contabilidad de los contribuyentes, poco se ha utilizado, al igual el acceso al secreto bancario que ha sido solicitado a la justicia en solo en cuatro oportunidades por parte de la autoridad fiscal.

*El autor de la columna es presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores de Chile