La columna de Karin Moore: “Chile a oscuras: responsabilidades compartidas”

La crisis eléctrica que hemos vivido en Chile en los últimos días, con miles de hogares sin suministro durante varios días, es más que un mero corte de energía: es el resultado de una cadena de negligencias y decisiones políticas que han dejado expuestas las profundas fallas estructurales de nuestro sistema eléctrico. Este evento no solo pone de manifiesto la vulnerabilidad de la red de distribución, sino también la falta de responsabilidad y previsión de las entidades involucradas.

La tormenta pasada fue un evento anunciado y, sin embargo, tanto las empresas distribuidoras como las autoridades reguladoras se mostraron insuficientemente preparadas para enfrentarlo. Enel, la principal distribuidora afectada, ha sido objeto de intensas críticas por su lenta respuesta. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en esta empresa. La Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) también deben rendir cuentas.

La CNE, como principal regulador del sector eléctrico, tiene la responsabilidad de fijar las normas técnicas de calidad y supervisar su cumplimiento. Sin embargo, la falta de inversión en infraestructura resiliente, debido en parte al congelamiento de tarifas eléctricas, ha limitado la capacidad de las empresas para realizar las mejoras necesarias. La normativa actual permite que las empresas opten por pagar compensaciones a los clientes cuando se superan los tiempos de recuperación del servicio, una solución que ha demostrado ser maniquea y miope, al priorizar compensaciones económicas sobre mejoras estructurales.

El gobierno, a través del Ministerio de Energía y la CNE, ha jugado un papel crucial en la configuración de esta crisis. El decreto tarifario que establecía un congelamiento de tarifas fue una decisión política que, aunque popular, ha tenido consecuencias negativas en la capacidad de inversión del sector. La decisión de considerar que no se viola el estándar de calidad cuando las empresas pagan compensaciones a los clientes es un claro indicativo de una visión cortoplacista que prioriza el interés político inmediato sobre la resiliencia a largo plazo.

Por su parte, la mantención de árboles cerca de las líneas eléctricas es una responsabilidad compartida entre empresas distribuidoras, municipios y propietarios. La normativa exige a las empresas identificar y mitigar riesgos, pero la falta de coordinación y colaboración ha agravado significativamente las interrupciones del servicio, por lo que las autoridades locales deben asumir su parte de responsabilidad.

A medida que Chile avanza hacia la descarbonización y una mayor dependencia del suministro eléctrico, la resiliencia de la red de distribución se vuelve crítica. La implementación de tecnologías avanzadas, como medidores inteligentes y el soterramiento de cables en zonas densamente pobladas, es esencial para mejorar la seguridad y la eficiencia del sistema.

El apagón que hemos vivido no es solo un fallo técnico, sino un reflejo de decisiones políticas y regulatorias negligentes. La responsabilidad es compartida entre las empresas distribuidoras, las autoridades reguladoras y los gobiernos locales y nacionales. La indignación pública es justificada, pero debe canalizarse hacia la exigencia de soluciones sostenibles y una mayor responsabilidad de los actores involucrados. La lección es clara: no podemos permitir que la negligencia y la falta de previsión sigan dejando a oscuras a nuestro país.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC