La columna de Karin Moore: “Consejo de Monumentos: ¿Protección o burocracia paralizante?”

¿Es posible que en Chile el patrimonio y el progreso convivan sin que uno ahogue al otro? En teoría, debería ser sencillo: proteger nuestro legado cultural mientras impulsamos el desarrollo. En la práctica, sin embargo, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es una barrera más que un protector eficiente. Con normas obsoletas y una estructura centralista, este organismo acumula críticas por sus procesos lentos y engorrosos, afectando proyectos de inversión de todo tipo. La pregunta es: ¿Cómo modernizar su rol sin desvirtuar su misión?

El CMN se rige bajo una normativa de 1970. Un marco regulatorio que centraliza sus decisiones en un consejo de 23 miembros -cuyo nombramiento es parte del problema-donde hasta los permisos más simples deben esperar largas y rígidas tramitaciones. En un país que demanda dinamismo y respuestas ágiles, este modelo se ha vuelto insostenible.

Una dificultad aún más profunda es la falta de criterios claros para definir qué es un hallazgo patrimonial y qué acciones tomar en cada caso. Sin lineamientos objetivos, cada decisión queda en manos de arqueólogos o funcionarios que interpretan los valores patrimoniales a su discreción. Este sistema de “lotería arqueológica” deja a los proyectos de inversión a merced de interpretaciones subjetivas, y cada resolución introduce un nuevo nivel de incertidumbre y sobrecostos. La credibilidad del CMN se diluye ante la falta de consistencia en sus criterios de valoración.

El CMN ha aumentado en un 78% su dotación desde 2017, alcanzando los 195 funcionarios con salarios competitivos. Sin embargo, esto no ha logrado mejorar la eficiencia. A diferencia de otros organismos, el CMN tramita un bajo volumen de permisos anualmente, lo cual señala que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la ineficacia de su organización y en la carencia de procesos estandarizados que den certeza y celeridad.

El proyecto de ley de Patrimonio Cultural, en discusión en el Congreso, se ha presentado como un camino hacia la modernización del CMN, al sugerir medidas como la descentralización de decisiones y un aumento de consejeros de 23 a 30. Sin embargo, es cuestionable si añadir más miembros -manteniendo los actuales criterios de nombramiento- y crear nuevos organismos agravará aún más la burocracia en vez de aligerarla. Con un costo estimado en $5.200 millones, este cambio podría resultar en un incremento de funcionarios sin asegurar la eficiencia que se espera. La verdadera reforma debería enfocarse en reducir redundancias, agilizar procedimientos y dotar de autoridad resolutiva a oficinas regionales que puedan operar con autonomía.

La discusión del Presupuesto 2025 abre una ventana para condicionar recursos adicionales del CMN a la eficiencia en permisos críticos, garantizando así que la protección patrimonial deje de ser un cuello de botella. Además, la eliminación de trámites duplicados, como aquellos que repiten exigencias de permisos ambientales, podría simplificar considerablemente el proceso de evaluación, ahorrando tiempo y costos sin sacrificar la conservación del patrimonio.

Chile enfrenta una decisión crucial: o reformamos el CMN hacia un organismo ágil, que preserve el patrimonio sin obstaculizar el desarrollo, o seguimos alimentando un sistema que frena proyectos y frustra a inversionistas. El CMN debe transformarse, con una estructura moderna y criterios claros, que promuevan tanto la conservación como el avance. Solo así, el patrimonio y el progreso dejarán de ser caminos opuestos.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC