La columna de Karin Moore: “Conservación vs inversión: la encrucijada del patrimonio en Chile”

Chile se encuentra en una encrucijada crítica en su desarrollo económico, con la permisología y la nueva Ley de Patrimonio Cultural en el centro del debate. La economía chilena ha estado estancada durante la última década, y uno de los factores que contribuyen a esta situación es la burocracia excesiva que frena la inversión. El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), un organismo vital para la preservación del patrimonio cultural se ha convertido en un símbolo de esta permisología, deteniendo proyectos de infraestructura esenciales y generando costos significativos para el país.

Los ejemplos de proyectos paralizados por el CMN son numerosos y costosos. Ocho hospitales, líneas de metro en Santiago y Valparaíso, carreteras y viviendas sociales se encuentran detenidos por hallazgos arqueológicos. La ruta a San Pedro de Atacama, proyectada para un año y ocho meses, se extendió a cuatro años y tres meses. La línea 7 del Metro de Santiago y la extensión del metro de Valparaíso enfrentaron retrasos significativos, con más de 1000 pozos arqueológicos.

La extensión del Metro hacia Quillota-La Calera se retrasaría dos años, y la autopista Américo Vespucio Oriente II enfrenta un posible retraso de 12 meses. Los proyectos de los hospitales de Puerto Varas, La Unión y Coquimbo, así como el proyecto hidroeléctrico Los Lagos, también han sido afectados.

En 2023, se identificaron 18 proyectos de vivienda pública con problemas arqueológicos. El proyecto de viviendas sociales de la inmobiliaria Boetsch y el hospital de La Unión, con un costo de 5000 UF, son ejemplos notables. La demora promedio del CMN, que debería ser de 60 días, se extiende a 300 días hábiles, creando un cuello de botella en inversiones de gran impacto social.

El efecto de estos retrasos no se limita a los costos directos de las obras, sino que también afecta la generación de empleo y el crecimiento económico. Según la Cámara Chilena de la Construcción, los retrasos en proyectos de infraestructura aumentan los costos generales y administrativos, ocasionando pérdidas económicas y afectando la competitividad del país.

Para que la nueva Ley de Patrimonio Cultural sea efectiva, debe abordar varios aspectos cruciales: la descentralización y autonomía regional mediante la creación de Consejos y Secretarías Técnicas Regionales con capacidad resolutiva, lo que es esencial para agilizar los procesos de autorización; establecer plazos claros y vinculantes para el pronunciamiento del CMN y otros organismos involucrados en la autorización de proyectos; establecer sanciones claras para los funcionarios que no cumplan con los plazos establecidos, ya que la falta de consecuencias ha sido una de las principales razones detrás de los retrasos excesivos en la tramitación de permisos; y la participación temprana de las comunidades en los proyectos, esencial para reducir la judicialización y aumentar la aceptación social.

La nueva Ley de Patrimonio Cultural representa una oportunidad histórica para equilibrar la protección del patrimonio con la promoción de inversiones. El éxito de esta ley dependerá de su capacidad para implementar reformas estructurales que reduzcan la burocracia, aumenten la transparencia y ofrezcan certeza regulatoria. Solo así Chile podrá reactivar su economía, fomentar la inversión y asegurar un crecimiento sostenible y equitativo para las futuras generaciones. Es imperativo que el gobierno, el sector privado y la sociedad civil trabajen juntos para superar estos desafíos y construir un marco institucional más eficiente y dinámico

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*La autora es coordinadora legal de Clapes UC