La columna de Karin Moore: “El Estado como botín”

En toda democracia genuina, el Estado debe estar al servicio de la ciudadanía, promoviendo el bien común y actuando con integridad. Sin embargo, en Chile, esa premisa parece haber sido sustituida por un patrón de negligencia y mediocridad que pone en jaque la confianza en nuestras instituciones. La gestión actual evidencia no solo errores administrativos reiterados, sino una preocupante falta de ética pública.

Un ejemplo emblemático de esta situación es la fallida compra de la casa del expresidente Allende. Este acto que, en teoría, buscaba honrar la memoria histórica, terminó desnudando graves falencias administrativas y legales. El decreto que autorizaba la compra violaba disposiciones constitucionales básicas, un error que no puede atribuirse simplemente a distracción o desconocimiento, sino a una profunda carencia de rigor en la toma de decisiones.

Esta situación no es un hecho aislado. Desde 2022, la incorporación de 100 mil nuevos funcionarios públicos ha disparado el gasto fiscal, pero ¿ha mejorado la gestión del país? Los hechos hablan por sí solos: el escandaloso caso fundaciones, el caso Monsalve, los errores flagrantes en la ejecución de políticas públicas y las decisiones presupuestarias carentes de respaldo técnico -por mencionar algunos ejemplos -evidencian un descontrol alarmante.

Más preocupante aún es el trasfondo ético de estas acciones. Cuando las normas básicas del Estado de Derecho son ignoradas por quienes tienen la responsabilidad de protegerlas, el mensaje que se envía es claro: la ley y las instituciones son herramientas que pueden manipularse según intereses coyunturales. Este comportamiento no solo debilita la confianza ciudadana, sino que también erosiona la legitimidad democrática.

Chile enfrenta una crisis ética en su administración pública. La falta de preparación y de un compromiso real con el interés colectivo se camuflan bajo el pretexto de la inexperiencia, una excusa que, tras tres años de gobierno, resulta inadmisible. Este patrón de improvisación y negligencia refleja una visión del Estado como un botín a disposición de quienes detentan el poder.

La ética pública exige responsabilidad, deliberación y justicia. Gobernar implica tomar decisiones con prudencia y actuar con un sentido claro del bien común, respetando tanto la ley como los principios democráticos. Sin embargo, las actuaciones recientes parecen carecer de estas virtudes esenciales. Las instituciones no están siendo protegidas, y los errores se acumulan sin que los responsables se hagan cargo.

El problema no se limita al Ejecutivo. La oposición, en lugar de ejercer un rol fiscalizador, parece haber optado por un rol conciliador, dejando a los ciudadanos atrapados en un sistema incapaz de rendir cuentas. Esta indiferencia generalizada refuerza la percepción de que la política está más preocupada por sus propios intereses que por las necesidades del país.

Para revertir este escenario, es urgente profesionalizar el servicio público, priorizar la transparencia y crear mecanismos que promuevan la integridad y sancionen la incompetencia. Solo un cambio profundo en la forma de hacer política permitirá recuperar la confianza ciudadana.

Chile merece líderes que entiendan la política como un servicio, no como una oportunidad. La desidia de hacer las cosas mal debe dar paso a un compromiso real con la excelencia y el respeto por las instituciones. Solo entonces podremos aspirar a un futuro donde el Estado sea un pilar de desarrollo para todos los ciudadanos.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC