La columna de Karin Moore: “Ingobernable”

Chile enfrenta una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Un Congreso atomizado, con más de 20 partidos y numerosos independientes ha convertido la toma de decisiones en un ejercicio casi imposible. Mientras tanto, las urgencias sociales —pensiones, salud y educación— permanecen paralizadas en un sistema político que prioriza disputas internas sobre el bienestar colectivo.

En este contexto, una moción parlamentaria para reformar el sistema político y electoral aparece como un intento necesario para abordar problemas estructurales que amenazan con perpetuar este estancamiento. Con dos medidas clave, busca limitar la fragmentación partidaria y fortalecer la cohesión legislativa: un umbral electoral del 5% para acceder al Congreso y la sanción con pérdida de escaño para los parlamentarios que abandonen el partido bajo cuya bandera fueron electos.

El umbral electoral tiene como objetivo reducir la proliferación de pequeños partidos que, al fragmentar el Congreso, dificultan la construcción de mayorías y los acuerdos programáticos. Esta regla, adoptada con éxito en países como Alemania y Nueva Zelanda, podría incentivar coaliciones más coherentes y sólidas en Chile. Por su parte, la sanción al discolaje refuerza la disciplina interna de las bancadas, fortaleciendo espacios de negociación que hoy están fracturados.

Sin embargo, la propuesta contiene puntos débiles que requieren ajustes para garantizar su efectividad. Las disposiciones transitorias, como la reducción temporal del umbral al 4% hasta 2025 y la posibilidad de fusiones o federaciones entre partidos pequeños, amenazan con perpetuar la fragmentación que la reforma intenta resolver. Además, el sistema de listas abiertas, mantenido en la moción, podría excluir a candidatos con amplio respaldo popular si sus partidos no alcanzan el umbral del 5%. Es fundamental incluir excepciones para aquellos candidatos que obtengan votaciones extraordinarias, evitando que la estabilidad se imponga a costa de una adecuada representación.

Otro desafío relevante está en las reglas para la formación de partidos. Actualmente, es posible inscribir partidos nacionales con el apoyo de solo tres regiones, fomentando la existencia de organizaciones políticas débiles y oportunistas. Este aspecto demanda reformas complementarias, como una modificación de la Ley 18.603, para fortalecer el sistema partidario y garantizar que las colectividades representen intereses colectivos significativos.

Además, un nuevo cuestionamiento técnico complica la implementación de la reforma: el presidente del Servicio Electoral (Servel) alertó sobre riesgos en la asignación de votos de partidos que no alcancen el umbral, lo que podría distorsionar la distribución de escaños y generar conflictos legales ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) . La falta de criterios claros para partidos fuera de pactos agrava el problema, amenazando la legitimidad electoral y la representación parlamentaria.

El éxito de la reforma depende de su diseño técnico y de restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Chile necesita partidos responsables y una mejor relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuya desconexión ha paralizado la agenda legislativa. Mecanismos como la elección conjunta de congresistas y la segunda vuelta presidencial podrían reducir la fragmentación y facilitar las políticas públicas.

Chile no puede seguir postergando cambios profundos. La moción es un avance, pero la gobernabilidad requiere audacia y compromiso, para construir un sistema político que atienda las demandas ciudadanas y asegure estabilidad duradera.

*La autora de la columna es coordinadora legal en Clapes UC