La columna de Karin Moore: “Permisología, una reforma clave”

En el análisis del panorama del 2023 y las proyecciones a mediano plazo para Chile, surge un evidente y preocupante estancamiento económico que requiere de acciones concretas para revertirlo. La clave para este cambio reside, en gran medida, en la recuperación de la inversión, siendo imperativo restablecer tanto la certeza regulatoria como tributaria. En este contexto, resulta fundamental impulsar políticas públicas que agilicen y viabilicen proyectos de gran envergadura, siendo la agenda contra la permisología una pieza clave en esta estrategia.

Existe un consenso generalizado sobre el impacto negativo que la sobrerregulación y los cambios arbitrarios de la autoridad han tenido en la inversión. La simplificación y agilización de los procesos, así como la eliminación de posibles arbitrariedades, deben ser prioritarias. En este sentido, los proyectos de ley presentados recientemente por el Ejecutivo apuntan en la dirección correcta.

La iniciativa se estructura en dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, se enfoca en la implementación del Sistema Inteligente de Permisos, buscando reducir los plazos de entrega en un rango que va desde el 25% hasta el 70%. Esto se logra estableciendo plazos máximos para permisos que carecían de este criterio, regulando el silencio administrativo y simplificando aquellos permisos que involucran más de una autorización.

El segundo ámbito se centra en la reforma de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, proponiendo un nuevo diseño del proceso de evaluación ambiental a través de tres vías. Primero, simplifica los plazos mediante la instauración de un recurso de reclamación único y simplificado, permitiendo al titular optar por la vía judicial sin agotar la instancia administrativa. Segundo, busca reducir conflictos con comunidades a través de un proceso voluntario de presentación de información preliminar a las mismas. Y tercero, apunta a disminuir la discrecionalidad política fortaleciendo la evaluación técnica y eliminando instancias políticas, como el Comité de Ministros.

El aspecto más controvertido de la propuesta radica en la posible eliminación del criterio político en las decisiones de reclamaciones, ya que la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA) es designada por el gobierno de turno. Aunque la exclusión total del factor político puede resultar difícil, es necesario reducir su discrecionalidad en la revisión de procesos ambientales, lo que implica asignar mayores recursos y realizar importantes cambios normativos. En este sentido, los países desarrollados han ido transitando hacia mayor independencia en el nombramiento de autoridades, así como también en la autonomía que requieren para su funcionamiento, en la línea de lo que es, por ejemplo, nuestro Banco Central.

Cabe destacar que el proyecto de ley tiene pendientes consideraciones respecto al Consejo de Monumentos Nacionales y a las concesiones marítimas, casos paradigmáticos de permisología que requieren una regulación más específica para superar su histórico mal funcionamiento y, así mismo, lograr una mejor coordinación de las distintas instancias normativas involucradas. Es deseable que esto se subsane durante su tramitación en el Congreso.

Chile necesita incentivar la inversión y estimular la productividad. Este proyecto de ley se presenta como una oportunidad para diseñar un marco institucional más eficiente, limitando la discrecionalidad y asegurando la calidad técnica de los proyectos. No podemos dejar pasar esta ocasión de construir un futuro más prometedor.