La columna de Karin Moore: “¿Por qué reformar nuestro sistema político?”

Chile se enfrenta a una encrucijada crucial en su desarrollo político. La encuesta de Cadem de marzo de este año reveló un inquietante panorama: los chilenos califican su sistema político con un alarmante 3,1, y un 65% considera esencial que el Congreso avance en su reforma. Esta cifra no solo refleja una profunda insatisfacción ciudadana, sino también una imperiosa necesidad de transformación para garantizar la estabilidad y eficacia del gobierno.

La fragmentación del Congreso es uno de los principales problemas que socavan la gobernabilidad. Desde 2015, hemos visto un aumento significativo en el número de partidos y legisladores independientes, lo que dificulta la formación de consensos y la implementación de programas de gobierno. Esta dispersión parlamentaria no solo obstaculiza el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que también incrementa la percepción de disfuncionalidad política entre la ciudadanía, minando la confianza en nuestras instituciones democráticas.

Las propuestas recientes de reforma, que incluyen establecer un umbral del 5% para ingresar al Congreso, reducir el número de parlamentarios y sancionar con la pérdida de escaño a aquellos que renuncien a su partido, buscan atacar los síntomas de esta fragmentación, pero es evidente que son insuficientes. Las reformas que se propongan deben priorizar avanzar hacia un sistema electoral de orientación mayoritaria, es decir, que establezca incentivos claros para la formación de mayorías parlamentarias y asegure representatividad, competencia y gobernabilidad.

El sistema político debe considerarse como un ecosistema interconectado, donde los cambios en un componente afectan a todos los demás. Por ello, cualquier intento de reforma debe ser integral, abarcando no solo el sistema electoral —avanzando, ojalá, hacia un sistema que combine una orientación mayoritaria con un sistema proporcional o con la reducción de la magnitud de los distritos—, sino también las reglas que incentivan la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Fragmentación, partidos débiles y falta de incentivos a la colaboración conforman la raíz de los males que aquejan a nuestra política y que redundan en la incapacidad para alcanzar acuerdos, entrampando soluciones a demandas ciudadanas vitales, como la reforma del sistema de pensiones, la mejora en la salud y la educación, fundamentales para el bienestar de la ciudadanía y el crecimiento del país.

Si no pasamos del bloqueo a la colaboración, si no reducimos la gran cantidad de partidos (22 a la fecha) y la fragmentación interna que dificultan la gobernabilidad, y si no fortalecemos los partidos políticos limitando a los díscolos, estaremos arriesgando la estabilidad y gobernabilidad del país. Es el momento de capitalizar los consensos técnicos y políticos alcanzados en las propuestas de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional.

El gobierno del Presidente Boric tiene la responsabilidad y la oportunidad -antes de que la agenda electoral consuma la agenda- de promover una reforma que salvaguarde nuestra institucionalidad democrática y permita recuperar la confianza ciudadana en la política y el Estado. El debate sobre el sistema político es, en esencia, un debate sobre necesidades y equilibrios. Es fundamental estudiar las mejoras que satisfacen nuestro diseño institucional y los frenos y contrapesos esenciales para mantener un equilibrio de poderes adecuado y colaborativo.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC.