La columna de Karin Moore: “Propuesta constitucional: lo perfecto y lo bueno”

Se dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay cierta verdad en ese dicho, y uno puede apreciarlo en el marco de la discusión de la nueva Constitución. Estamos al final del proceso y a pocas semanas del plebiscito, y las bancadas de exexpertos y exconsejeros del oficialismo que participaron de la elaboración de la nueva Carta Fundamental, han tildado al Anteproyecto de partisano.

Lamentablemente, dicha opinión, no refleja los aspectos valorables del nuevo texto constitucional. Y es que no hay Constitución perfecta, pero la que se propone por el Consejo Constitucional es razonablemente buena, y fundo esta opinión en criterios técnicos.

Primero, un Poder Judicial abocado a la aplicación del derecho y no distraído por labores ajenas a la administración de justicia, gracias a la creación de una serie de órganos encargados de llevar adelante labores correccionales, económicas y administrativas de nuestros tribunales de justicia.

Segundo, un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas encargadas de acercar la justicia, de entregar orientación, asesoría y representación jurídica a las personas que así lo requieran, brindar apoyo integral a las víctimas de delitos y promover la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos.

Tercero, el mandato de crear una Agencia Nacional contra la Corrupción, que, acompañando una agenda en igual línea, apunta a establecer acciones de prevención en dicho ámbito. Junto con lo anterior, se moderniza al Estado, se eliminan los nombramientos “a dedo” de cargos que deberían ser meritorios en la Administración Pública. Se explicita como regla fundamental la asignación transparente de recursos públicos y se perfecciona la institucionalidad de la Contraloría, en cuanto contador general de la República.

Cuarto, se establecen mecanismos de participación ciudadana mediante iniciativas populares de ley, derogatorias de ley y foros ciudadanos. Asimismo, se establece un esquema robusto de derechos sociales justiciables con pleno respeto a la responsabilidad fiscal y evitando la judicialización de las políticas públicas, así como se consagra la libertad en materia de salud y educación, con un respaldo público y privado.

Quinto, el escenario productivo se moderniza, estableciendo un deber de respetar al medio ambiente y repararlo en caso de pérdida, y protegiendo los bienes nacionales de uso público. Se establece un Banco Central autónomo, derechos de propiedad bien definidos, incentivos a la innovación y al progreso cultural del país.

Sexto, se establece un sistema político que disminuye la fragmentación y que permite la tramitación de proyectos de ley, frente al inmovilismo al que nos enfrentamos hoy en día.

Séptimo, en materia migratoria, se deja al legislador los casos y procedimientos de ingreso, estadía y expulsión de migrantes, con pleno respeto a los derechos fundamentales y a los tratados internacionales.

Si bien existen materias en el borrador que son discutibles, no podemos dejar de levantar que la propuesta se hace cargo de aspectos importantes, como el derecho a sala cuna universal y gratuita, igualdad de derechos para las mujeres, seguridad y probidad pública, participación ciudadana, prestaciones sociales y su equilibrio con el erario, y la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gastos.

No es una Constitución perfecta y tampoco contiene soluciones mágicas para los problemas de Chile, pero merece ser leída sin sesgos y valorada en su mérito.

* La autora es abogada y coordinadora legal de CLAPES UC