La columna de Karin Moore: “¿Reducción de la concentración económica agregada?”

Recientemente, la Asociación de Consumidores (Conadecus), solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) abrir un expediente de recomendación normativa (ERN) para que proponga al Presidente de la República la presentación de un proyecto de “Ley de reducción de la Concentración Económica Agregada”. El TDLC resolvió iniciar el proceso y ofició a una serie de autoridades para que aporten antecedentes.

Aunque el título de la solicitud y del proyecto de ley que propone Conadecus es ambicioso, lo cierto es que el petitorio carece de claridad en conceptos que son claves, lo que redunda en interrogantes sobre la viabilidad del ERN y de las medidas que propone. En efecto, aborda una serie de problemas que van desde la “reducción de las estructuras de sujeción piramidal” hasta la creación de un “registro de grupos empresariales significativos, entidades financieras importantes y empresas de tamaño relevante”. Sin embargo, la ausencia de definiciones precisas de estos términos, tan fundamentales para la solicitud, complica el análisis de las propuestas enunciadas, al punto que lo hace estéril.

Ante ello, la solicitud presentada ante el TDLC sólo se construye sobre la base de un informe preliminar del economista Luigi Zingales – encargado en el gobierno anterior por el Ministerio de Hacienda - y se respalda, además, sobre la base de las experiencias comparadas de EE.UU. y sobre todo de Israel, experiencias que en todo caso, como reconoce en la misma solicitud, contienen propuestas específicas y concretas, específicamente en relación a la industria y la banca (caso EE.UU.) , y/o recién se están empezando a conocer sus resultados preliminares (Israel).

La solicitud expone, entonces, al TDLC a analizar una recomendación normativa sin propuestas concretas, con experiencias no del todo replicables y sin siquiera precisar un mercado relevante. Conadecus se basa en la premisa de que los grupos económicos son responsables de la alta concentración económica del mercado chileno que se habría traducido en que seamos “un país caro y con problemas económicos persistentes”. No hay reconocimiento alguno a beneficios o eficiencias.

Por tanto, más allá de su ambigüedad, la propuesta de la asociación de consumidores plantea retos significativos. Por de pronto, será necesario un riguroso análisis técnico, sobre todo de sus propuestas, a nivel del TDLC. Y si la solicitud prospera, lo que sigue es una recomendación por parte del TDLC al Ejecutivo a fin de que se presente un proyecto de ley al Congreso que se haga cargo de soluciones a problemas competitivos específicos que presentarían los grandes conglomerados en materia de libre competencia.

A pesar de la innegable preocupación que genera este proceso que se inicia por lo dicho anteriormente, Chile cuenta con una institucionalidad robusta en materia de defensa y promoción de la libre competencia, por lo que esperamos que en lo que viene se precisen conceptos como, por ejemplo, “concentración económica agregada”, “grupo empresarial significativo”, “entidades financieras importantes” y “empresas de tamaño relevante”, -todos mencionados en el documento-se especifiquen propuestas y, a partir de ello, se analice debidamente una solicitud tan ambiciosa como ambigua, para concluir debidamente el proceso.

El cuestionamiento formulado, aunque interesante, supone el desafío básico de definir qué medidas concretas se deberán adoptar para controlar la amenaza que plantea la solicitud en materia de libre competencia, en caso de ser esta verdadera, sabiendo que también existen beneficios y eficiencias que resultan determinantes a la hora de evaluar el rol de los conglomerados en un mercado como el chileno.

La autora es coordinadora legal, CLAPES UC