La columna de Michèle Labbé: “Colusión ramal”

La semana pasada el gobierno anunció – con bombos y platillos – el acuerdo logrado con los trabajadores – representados por la directiva de la CUT – donde se firmó un documento con acuerdos en 10 temas laborales y sociales, entre las cuales destacó la ratificación del acuerdo y promesa de Gobierno de cambiar desde negociación colectiva por empresa a negociación colectiva ramal, que consiste en permitir que los trabajadores tanto de empresas grande como pequeñas, pero que pertenecen a una misma rama económica, como el retail, la construcción o la minería, negocien de manera conjunta sus condiciones laborales y salariales.

Con dicho objetivo, el acuerdo firmado por el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo y la CUT, establece que, durante el tercer trimestre de este año, se desarrollará un diálogo tripartito sobre la regulación de la negociación colectiva multinivel, el que una vez concluido permitirá al Gobierno redactar una propuesta legislativa que se presentará antes de fin de año, compromiso que fue reafirmado en la reciente Cuenta Pública.

Llama la atención que el Presidente hable de crecimiento, de apoyo a las pymes, de recuperar el crecimiento de la productividad y de negociación ramal, todo como parte de un mismo proyecto, cuando la negociación ramal va en el sentido completamente contrario a todo el resto.

Una negociación colectiva ramal terminará imponiendo las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas más grandes y con mayores recursos, lo que terminará incrementando los costos de producción de las empresas, disminuyendo la competitividad de Chile respecto del mundo, disminuyendo la productividad, depredando a las pymes, y por tanto, disminuyendo la capacidad de crecimiento del país.

Sin embargo, hay otro aspecto de la negociación por ramas que es poco conocido.

Nuestro país lleva años luchando contra las empresas que abusan de su poder de mercado y que se coluden para fijar los precios de los productos a niveles más altos. En términos muy simplificados, la razón para combatir la colusión es que, al incrementar los precios, los consumidores se ven dañados al tener que pagar más por el mismo producto y la sociedad como un todo se ve afectada pues la cantidad producida y transada es menor, lo que redunda en menor crecimiento.

Dado esto, en Chile y en el mundo la colusión es ilegal, y es castigada por las leyes y por la sociedad.

Cuando el Gobierno indica que enviará al congreso un proyecto de ley de negociación colectiva ramal, lo que está haciendo, es anunciar a los chilenos que le dará permiso legal a los trabajadores para coludirse y de ese modo subir el precio cobrado por su producto (el trabajo), lo que redundará en alzas en los costos de producción y por tanto, en precios más altos para todos los chilenos, dañando a la sociedad como un todo al disminuir la competitividad de Chile respecto del mundo, al disminuir la productividad, al depredar a las pymes (que generan alrededor de un 65% del empleo formal), y por tanto, al disminuir la capacidad de crecimiento del país.

La negociación/colusión ramal es tan dañina como la colusión de las empresas, y dado el daño que ello genera a los consumidores, todos los ciudadanos, en especial, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, deberían velar porque esta práctica este prohibida en Chile.

*La autora de la columna es académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián