La columna de Michèle Labbé: “No vengo a vender, vengo a regalar”

El alza de los costos de la electricidad se tomó la discusión pública desde ya más de dos semanas, y como buena teleserie venezolana, siguen apareciendo nuevas aristas – y creativas propuestas de solución - que hacen que el culebrón se mantenga en el centro de las preocupaciones ciudadanas y políticas.

A estas alturas, sin embargo, los dados parecen ya estar echados, pero más allá de la contingencia, vale la pena reflexionar acerca de las malas políticas públicas, sus dañinos efectos sobre el bienestar de los ciudadanos y las razones que han llevado a las autoridades legislativas y/o de gobierno a promoverlas, apoyarlas y aprobarlas.

Aunque ya parece pasado de moda, permítanme empezar por el niño símbolo de las malas políticas públicas, los retiros de los fondos de pensiones. La justificación a su aprobación, el supuesto fin buscado fue entregar ingresos a los ciudadanos afectados por la pandemia. El fin real de la política, ya confesado por varios, es hacer colapsar al sistema de pensiones, y mantener contentos a los adherentes. El resultado de corto plazo fue un incremento de la inflación a más de dos dígitos, alzas en las tasas de interés que encarecieron el crédito y con ello el costo de vida, afectando a todos los chilenos, pero con mayor dureza a los de menores recursos, que además no pertenecen a la economía formal y por tanto tampoco pudieron gozar de los recursos adicionales que proveyó el famoso 10%, además del costo de largo plazo que es bajar las pensiones de todos aquellos que realizaron el retiro de sus fondos.

Vale la pena recordar que todos los técnicos dijimos que era una mala política pública, que iba a costar muy caro, pero como los costos no los pagan los tomadores de decisión, la política se implementó, no solo una vez, sino en varias ocasiones, y sigue siendo una herramienta que legisladores enarbolan cada cierto tiempo para ganar adeptos.

El caso de las cuentas de electricidad es más de lo mismo. En pleno estallido social, las tarifas eléctricas debían ajustarse al alza en 19%. Para evitarse el costo político de dicha alza, y pese a que no existe caso en la historia en que una fijación de precios no termine generando un desastre, se aprobó una ley para postergar el alza (fijación de precios transitoria). El problema, es que cuando se acaba la fijación de precios, el ajuste que debe realizarse es mucho mayor, por tanto, nadie quiere asumir el costo. Cayendo en esta trampa, a inicios de este gobierno se aprobó una nueva ley para mantener la fijación transitoria de precios por un período adicional, haciendo crecer el problema a las dimensiones que tiene en la actualidad, un alza de 57% promedio en las cuentas de la luz. Los beneficios de esta política pública sólo fueron para los políticos, que sumaron adherentes, los ciudadanos debemos hoy asumir el alza de las tarifas, aparte de pagar los intereses de la deuda generada con las empresas que brindan el servicio, lo que hace aumentar aún más la cuenta.

El factor común en estas políticas es el populismo de los tomadores de decisiones, quienes ven favorecidas sus posiciones políticas, a costa del bienestar de los ciudadanos, sin asumir ningún costo por ello. Mientras los ciudadanos, que caímos en la trampa del “no vengo a vender, vengo a regalar” terminamos pagando dos veces.

Esta epidemia de malas políticas públicas que está afectando a nuestro país no va a detenerse a menos que quienes son responsables de las mismas asuman los costos de apoyarlas y aprobarlas. ¿Cómo?, hacer responsables política y financieramente a los hacedores de política de las leyes aprobadas, para que se les pueda juzgar por presentar y apoyar un proyecto de ley, que, por ejemplo, disminuya el bienestar de los ciudadanos. Una acción de este tipo inhibiría la presentación de nuevas mociones de ley para nuevos retiros de fondos o nuevas fijaciones de precios, a la vez de cuidar a los ciudadanos de los perniciosos efectos de malas políticas públicas.

*La autora de la columna es académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián