La columna de Michèle Labbé: “Una razón menos para invertir”

Pese a los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) que publicó esta semana el Banco Central – que, los más optimistas, podrían interpretar como un repunte -, la realidad económica de nuestro país sigue estando deprimida, y los dichos del ministro de Hacienda no hacen más que ratificar las decisiones de inversión de quienes han decidido migrar desde nuestro país a otros para realizar sus inversiones.

En efecto, el Banco Central corrigió el rango alto de expectativas de crecimiento de nuestra economía para este año, desde 3,0% a 2,75%, además de disminuir a 1,8% el crecimiento de largo plazo, también se corrigió a la baja la expectativa de crecimiento de la inversión, desde una baja de 0,3% a una caída de 0,8% para este año, después de que el país ya completa una caída de 1,1% en la inversión en el 2023, una baja de 6,1% en el primer trimestre del 2024 y una reducción de 4,1% en el segundo trimestre de este año.

Para quienes no se explican las razones de los inversionistas para estar disminuyendo sus inversiones en Chile, basta notar que entre 1985 y el 2013, cuando la tasa de impuesto corporativo (a las utilidades de las empresas) rondaba el 20%, la inversión en Chile crecía a una tasa real anual de 9,5%, lo que se compara muy positivamente con las tasas de crecimiento de la inversión antes de dicho período, entre 1960 y 1984, donde la inversión crecía al 0,8% real anual, y con el crecimiento de la inversión de 0,7% real anual entre 2014 y 2023, después de las sucesivas reformas tributarias que llevaron la tasa de impuesto corporativo a 27%, además de gravar el ahorro, al eliminar el FUT.

El comportamiento de la inversión, en este sentido es obvio, si los flujos de utilidad que puedo obtener de mis inversiones caen, pues los impuestos que debo pagar son más altos, y hay destinos de inversión que me permiten obtener mejores flujos, me voy a esos destinos de inversión.

Pero si adicional a una tasa de impuesto corporativa superior incluso al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), que ronda el 23,5%, le agregamos el deterioro de la calidad de vida en nuestras ciudades, provocado por la inseguridad que hoy se presenta en nuestras calles, el incremento en la violencia de los delitos, y que, tal como lo indica la declaración del gobierno de Estados Unidos del estado de la inversión en Chile al año 2024: “Propuestas de reforma del gobierno causaron preocupación por los posibles impactos en las inversiones en los sectores de la salud, los seguros y las pensiones”. Y que, “los procesos de permisos ambientales, los requisitos de consulta indígena y los engorrosos procedimientos judiciales han hecho que las aprobaciones de grandes proyectos sean cada vez más lentas e impredecibles, especialmente en casos con sensibilidades políticas”, la caída en la tasa de crecimiento de la inversión es absolutamente justificable.

Lo anterior es consistente con los esfuerzos que el gobierno transmite que se están realizando en términos de disminuir la permisología o atacar a la delincuencia, pero es totalmente contradictorio con los dichos del ministro Marcel, al defender la decisión de la Dirección del Trabajo de suspender las operaciones de una farmacia que fue asaltada, justificada en el deber que tiene el empleador de asegurar la protección de sus trabajadores, argumentando que los empleadores no pueden desentenderse de la seguridad de sus trabajadores.

Es decir, ahora a los impuestos más altos, a los costos crecientes de la permisología, a los costos en seguridad, a los costos que genera la judicialización de los proyectos de inversión, debemos sumarle al seguridad de los trabajadores, que pueden ser asaltados en su lugar de trabajo.

No se ustedes, pero en introducción a la economía a mí me enseñaron que la seguridad pública era responsabilidad del Estado y que nosotros pagamos por ella a través de nuestros impuestos.