La columna de Michèle Labbé: “Verdades de la reforma de pensiones que nadie nos quiere contar”

Subir las pensiones de los jubilados no es prioridad para el actual gobierno. No hay plata para subir las pensiones actuales es lo que hemos escuchado decir al ministro Marcel, por lo que se necesita financiar estas pensiones con la dinero de los trabajadores actuales. Ya se a través de un préstamo o de un fondo, la realidad es que con esta declaración solo se demuestra que subir las pensiones de los jubilados no es su prioridad.

Tal como sucede en cualquier casa, las necesidades son infinitas y los recursos escasos. Si subir las pensiones de los trabajadores actuales fuera una prioridad de este gobierno, ya lo hubiera hecho, hubiera bastado con no subir las asignaciones de fondos 2023, y el incremento en el presupuesto dedicarlo exclusivamente a aumentar las pensiones.

El gobierno no está seguro de poder pagar la deuda que quiere contraer con los trabajadores o simplemente no está dispuesto hacerlo. El gobierno ha propuesto endeudarse con los trabajadores, para financiar el incremento de las pensiones actuales. Pero, si el gobierno estuviera dispuesto a pagar esta deuda a futuro, tal como se ha establecido en las negociaciones, ¿por qué no pedir prestado en el mercado internacional, tal como lo ha hecho, con otros objetivos, durante estos estos tres años? ¿O es que no está seguro de poder pagar la deuda?, y si no está seguro de poder pagarla, ¿por qué embaucar a los trabajadores actuales?

El objetivo del gobierno es destruir a las AFP’s y el sistema de capitalización individual, nunca ha sido mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones. De ser cierto que el objetivo es mejorar las pensiones, ya se habría aprobado una ley corta para implementar los cambios en que ya hay acuerdo, tal como subir la tasa de cotización que va a la cuenta de capitalización individual en 3%, y/o subir la edad de jubilación, que ni siquiera fue incluido en el proyecto de ley. Más decidor aún es que el artículo uno del actual proyecto es derogar la ley actual, que estableció el sistema de capitalización individual, sistema hacia el que están virando todos los países desarrollados. El objetivo es ideológico, y su meta es hacerse del botín del sistema de pensiones, cual es el flujo de dinero que los trabajadores ahorran para su vejez cada mes.

Mientras el gobierno se llena la boca con la palabra solidaridad, su propuesta es exactamente lo contrario: una reforma regresiva, o Hood Robin, donde se le quita a los pobres para darle a los ricos. No les parece absolutamente inmoral que un trabajador que gana $500 mil destine un 0,5% de su ahorro para aumentar la pensión de una jubilada que recibe una pensión mayor a un millón de pesos (que son las única jubiladas que cumplirán con las condiciones necesarias y por tanto, podrán recibir el bono de tabla para igualar pensión). O bien no les parece absolutamente inmoral que un trabajador que gana $500 mil destine un 2,5% de su ahorro (sin existir certeza de que esa plata se le devolverá a su ahorro, con el retorno que le corresponde), para aumentar la pensión de una jubilado que recibe una pensión mayor que los $500 mil de sueldo del trabajador que lo financia.

La verdadera solidaridad se da cuando los beneficios sociales se realiza con ingresos de la nación, es decir con la recaudación de los impuestos generales, donde pagan más quienes más ganan.

No se equivoquen, no es que un sector de los chilenos no quiera reforma de pensiones, es que encuentra inmoral esta reforma. Este sector, un sector apoyado completa y transversalmente por los técnicos, le propone al gobierno aprobar una ley corta de dos artículos, el primero un incremento de la tasa de cotización de 3% dirigida a las cuentas individuales de los trabajadores y el segundo un aumento paulatino de la edad de jubilación. Señor Presidente Boric, si de verdad quiere mejorar el bienestar de los chilenos a través de una buena reforma de pensiones, apruebe aquí y ahora esta ley corta.

*La autora de la columna es académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián