La columna de Miguel Lorca y Mauricio Villena: “Reforma al CAE: cae en dificultades”

Finalmente, el gobierno presentó su reforma al Crédito con Aval del Estado (CAE), buscando instaurar el nuevo Sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES). Si bien el ministro de Educación aseguró que este esquema no puede considerarse como un impuesto a los graduados, “ya que es voluntario y está vinculado a una contraprestación por parte del Estado”, en la práctica funcionaría como tal. La literatura internacional define “impuesto a graduados” como un préstamo a estudiantes universitarios, que se paga como un porcentaje de los ingresos una vez egresado, donde no existe un monto adeudado ni una cuota determinada. Es decir, los egresados aportan en función de su capacidad contributiva, existiendo la solidaridad, y el monto finalmente restituido no tiene una relación directa con los recursos recibidos, tal como sería bajo el nuevo esquema FES. Lo propuesto presenta varias dificultades que merecen ser consideradas.

Primero, selección adversa y riesgo moral. Aquellos estudiantes que creen a priori serán exitosos profesionalmente y aportarán al sistema más de lo recibido, preferirán elegir una forma diferente de financiamiento (selección adversa). Además, los beneficiarios egresados tendrán incentivos a subdeclarar sus ingresos o alterar sus decisiones laborales para minimizar la retribución al sistema (riesgo moral), afectando la sustentabilidad de éste. Lo anterior es agravado por los crecientes niveles de informalidad laboral.

Segundo, autoselección y segregación a nivel de universidades. La sustentabilidad financiera de las universidades adscritas a gratuidad se basa en los pagos realizados por estudiantes de los cuatro deciles de mayores ingresos. Esto, porque los alumnos del 60% de menores ingresos tienen derecho a gratuidad e inexistencia de copago, y las instituciones participantes reciben un arancel de referencia menor a la tarifa real de la carrera. Un arancel regulado e imposibilidad de cobrar un copago al 90% de la población de menores ingresos afectará significativamente la sustentabilidad financiera de estas universidades, las mejores del país, y fomentará la segregación. Solo aquellas instituciones con un margen significativo y un gasto por estudiante inferior al arancel regulado tendrán incentivos a participar del sistema.

Tercero, significativo riesgo político dada la existencia de una política financiera que se entremezcla con la política social. No existiría un flujo de recuperación bien definido con cuotas mensuales a pagar y una tabla de desarrollo que establezca una política financiera clara, que aísle y circunscriba los beneficios de la política social. Los egresados no sabrán cuánto del dinero cancelado se destina a devolución del capital, pago de intereses o inflación, o simplemente un subsidio cruzado debido a la existencia de solidaridad. Luego, habrá mayor espacio a presiones políticas que busquen aumentar los beneficios sociales en búsqueda de popularidad y votos, lo que puede terminar afectando la sostenibilidad financiera del esquema propuesto.

Finalmente, la inexistencia de una cuota y un monto total adeudado, como en el CAE, impide la creación de una tabla de desarrollo y la existencia de un activo financiero, lo que claramente crea un sistema financieramente más frágil que el anterior. Sin un activo debidamente valorizado como contrapartida, el riesgo de una recuperación de fondos inferior a los gastos efectivamente desembolsados es más alto, pudiendo afectar el déficit operacional del Estado y su deuda.

*Miguel Lorca es economista sénior Observatorio del Contexto Económico (OCEC) UDP y Mauricio Villena es decano Facultad de Administración y Economía UDP.