La columna de Pedro Pellegrini: “Disfrazada con piel de cordero”

Las constantes malas noticias en Chile, especialmente las inundaciones y el destape de la corrupción política hicieron que pasara bastante piola –como dice la juventud–, la denominada “Comisión Asesora para la Desinformación”. Paradójicamente esta comisión no fue anunciada por el gobierno, sino que fue creada en silencio mediante un simple decreto publicado el 20 de junio en el Diario Oficial. Esta situación posteriormente generó la complicación política de tener que explicar lo injustificable.

La contradicción máxima provino irónicamente de la ministra vocera Vallejos, señalando que la desinformación “está afectando derechos fundamentales, como la libertad de expresión”. Sin embargo es precisamente esta última libertad la que podría verse seriamente afectada si un comité de “expertos” y “académicos” declara oficialmente que una información es errónea o falsa.

Este es un tema que tiene raíces filosóficas antiguas, pero es muy contemporáneo en el ámbito político. En varios regímenes recientes, con la loable finalidad de proteger a la democracia o de promover la responsabilidad social de los medios de comunicación en sus deberes de transmitir información precisa y veraz, se ha utilizado el poderío del aparato estatal como herramienta de censura y restricción de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Un ejemplo claro es lo que ha sucedido en Venezuela desde el 2004, donde la “Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos” (conocida como RESORTE), ha permitido a ese gobierno utilizar de manera selectiva y arbitraria el concepto de veracidad para atacar y silenciar a los medios de comunicación y a las personas que expresan opiniones críticas sobre Maduro.

Sin embargo aquí, con nuestra “chispeza” criolla, se intenta hacer algo diferente, seguramente como una manera de ir preparando el camino, ya que quisieron otorgarle una apariencia de seriedad científica al Comité, al depender del Ministerio de la Ciencia. Siendo así, entonces, la primera tarea de ese órgano colegiado debiera ser ponerse de acuerdo si, desde la perspectiva científica, es humanamente posible tener una única verdad, que sea infalible e inmutable frente a cualquier evidencia en contrario. Si así se lo cuestionan, debiera quedar bastante claro que ese planteamiento resulta imposible, porque –nos guste o no– la verdad en la sociedad humana es esencialmente una construcción subjetiva, que depende de los distintos procesos cognitivos, históricos y emocionales de las personas y de las comunidades que conforman. Nuestras experiencias, educación y creencias espirituales influyen en cómo percibimos, interpretamos y desciframos la información que recibimos, lo que significa que la percepción de la verdad puede legítimamente variar entre individuos. Y son precisamente esas diferencias y confrontaciones de ideas, incluso las incorrectas o falsas, las que nos permiten tener una comprensión más rica y completa de la realidad.

Para los que tenemos más años, la experiencia nos demuestra que la verdad termina prevaleciendo sola, sin necesitar que nadie la proteja. A pesar de eso, imagino que no faltará alguno que piense que el papá-Estado debe proteger la verdad de la información a toda costa y aún mejor si ésta queda en manos de una entidad “científica” que estudie que parte de la información es correcta y verdadera. Para ellos, después de todo, la historia de la humanidad debiera está llena de ejemplos de cómo la autoridad siempre ha sido infalible y nunca ha tenido algún interés oculto o sesgo en su actuar. Si usted es ese tipo de niño, le recomiendo partir leyendo la fábula de Esopo del lobo con piel de cordero.

* El autor es Abogado y director de empresas