La columna de Soledad Hormazábal: ”El acuerdo de pensiones y la sostenibilidad fiscal”

Sabemos hace años que ahorrar 10% de los ingresos imponibles es absolutamente insuficiente para financiar pensiones. Esta es una de las razones que explican por qué las pensiones autofinanciadas –aquellas que construyen los afiliados con sus ahorros— son bajas y, en promedio, solo representan cerca del 40% de las pensiones pagadas, mientras que el restante 60% lo financia el Estado (PGU). Se estima que las expectativas de vida seguirán aumentando, por lo que las pensiones autofinanciadas serían aún más bajas a futuro.

Por lo tanto, si no se incrementa el ahorro destinado a pensiones, la presión por aumentar la PGU a futuro será insostenible. Como advirtió el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), si la PGU (Pensión Garantizada Universal) se reajusta por el crecimiento de los salarios reales, la deuda bruta superaría el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2060, 15 puntos por sobre el nivel que se ha establecido como prudente, agregando al menos 20 puntos al nivel actual de deuda. Este es el contrafactual del acuerdo.

Debemos tomar en cuenta que subir las pensiones de los actuales jubilados era parte de las condiciones para alcanzar el acuerdo. Para ello, se creó la garantía transitoria de 0,1 Unidad de Fomento (UF) por año cotizado, y para financiarla se diseñó lo que se ha conocido como préstamo. Este mecanismo consiste en que 1,5% de la mayor cotización previsional se destinará transitoriamente al nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Para pagar la garantía, los afiliados recibirán, como contrapartida por este aporte, títulos de deuda en UF emitidos por el fondo; que tendrán plena garantía estatal, tasa de interés de mercado, se depositarán en el DCV, serán inembargables y heredables. Esto es muy distinto de un “vale por”, no estamos hablando de cuentas nocionales.

El FAPP tendrá ingresos (cotizaciones y aportes anuales del Estado) y egresos (pago de beneficios) y si el fondo no paga la totalidad de sus compromisos, el Estado deberá responder. Esto es lo que se conoce como deuda contingente y se registra como deuda del gobierno general, la que es monitoreada no solo por el Estado, sino que también por las calificadoras de riesgo. En otras palabras, este mecanismo no esconde deuda pública, sino que se registrará en conformidad con los manuales de mejores prácticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Debiera, eso sí, modificarse la regla dual fiscal vigente y el ámbito de análisis del CFA desde el gobierno central al general. Esto no solo por la reforma de pensiones, sino por la necesidad de mejorar el monitoreo de la situación fiscal del país.

Adicionalmente, se debe considerar que el costo fiscal de la reforma alcanzaría cerca de 1% del PIB en 2050, debido al mayor costo de la PGU, que subirá a $250 mil (28%); el mayor gasto en cotizaciones que tendrá que pagar el Estado por los empleados públicos (16%); a la menor recaudación fiscal por aumento de la cotización (35%); y el aporte que el Estado haría al FAPP (20%). La ley de cumplimiento tributario permitiría financiar este mayor costo para el Estado. Para poner en perspectiva, si la PGU se reajusta con los salarios reales, el costo fiscal a 2050 se incrementaría en más de 3% del PIB. Con todo, será muy importante el pronunciamiento del CFA en relación con dichos puntos.

Evidentemente, esta no es la única solución factible para financiar los beneficios de la reforma de pensiones, sin embargo, es el mecanismo que permitió llegar a un acuerdo. En este sentido, la propuesta debe ser evaluada en su conjunto y respecto del contrafactual realista: seguir postergando el necesario aumento del ahorro para las pensiones. Es un acuerdo delicado y desechar partes de éste arriesga que se caiga el conjunto. Los acuerdos no son políticas públicas óptimas, implican ceder y buscar puntos de encuentro que habiliten avanzar.

Considero que el acuerdo para la reforma de pensiones alcanzado es una buena noticia que debiera permitir mejorar la posición fiscal del país a largo plazo.