La columna de Soledad Hormazábal: “El poderoso incentivo a la informalidad de la gratuidad”

Durante estas vacaciones, una señora me preguntaba por detalles de la reforma de pensiones, quería saber si recibiría algún beneficio y qué requisitos debía cumplir para acceder a ellos. Le conté sobre el aumento gradual del valor de la Pensión Garantizada Universal (PGU), del bono que compensa las pensiones de las mujeres por su mayor expectativa de vida y del beneficio de 0,1 UF mensual por año cotizado, que recibirán mujeres con más de 10 años y hombres con más de 20 años de cotizaciones. Al llegar a este último beneficio, ella me señala que, desgraciadamente, no ha cotizado desde 2016, pese a tener empleo, para que sus hijos pudieran acceder a la gratuidad.

Así, para que sus hijos recibieran el beneficio, dejó de ahorrar para su pensión, se quedó sin seguro de salud y sin seguro de cesantía, pasando a la desprotección de la informalidad. Está de más decir que acceder a un beneficio mediante la trampa, en un mundo con recursos escasos, implica dejar fuera a otros que legítimamente podrían calificar para recibirlo.

Más allá del reprochable comportamiento oportunista, tan presente en múltiples sectores y ámbitos de la sociedad, creo que es importante relevar que el diseño de la gratuidad genera un poderoso incentivo a esconder ingresos y a la informalidad. La gratuidad financia la matrícula y el arancel a personas pertenecientes al 60% más vulnerable de la población que estudian en instituciones de educación superior adscritas al beneficio y que cumplen con requisitos de calidad. Así, por ejemplo, un estudiante que pertenece al 59% de menores ingresos y estudia ingeniería civil recibirá un beneficio equivalente a cerca de $8 millones al año. Sin embargo, si ese mismo estudiante está en el 61% más vulnerable, no recibirá nada. Establecer salidas abruptas de los beneficios sociales es un error de diseño clásico.

Otro problema de la gratuidad se reveló al seguir conversando con la señora. Cuando le señalé que había sacrificado parte de su futura pensión al dejar de cotizar, me indicó que esperaba que sus hijos la ayudaran más adelante puesto que, gracias a que habían estudiado, actualmente tenían un buen trabajo. Sabemos que estudiar en una buena universidad o centro de formación técnica es una gran inversión, ya que permite acceder a sueldos que sobrepasan con creces el ingreso promedio de quienes sólo cuentan con enseñanza media. Así las cosas, no parece razonable que el Estado destine recursos escasos a quienes acceden a esta buena educación en lugar de destinarlos a quienes, por diversas razones, no logran llegar a ella y tendrán en consecuencia menores ingresos en promedio.

Actualmente, el Estado está gastando más de 0,8% del PIB en la gratuidad y fue el ítem de gasto que más creció en la cartera de Educación. Espinoza & Urzúa (2015) vaticinaban que Chile será el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) que gastará menos en educación primaria y secundaria por cada peso destinado a la educación terciaria. ¿No tendría más sentido implementar un potente sistema de crédito para los estudios terciarios? Un sistema universal en su acceso, con un pago contingente al ingreso y con una tasa de interés similar a la que se endeuda el Estado. De esta manera, se garantiza que nadie quede fuera de la educación superior por no poder pagarla, eliminamos el pernicioso incentivo a la informalidad y liberamos recursos tan necesarios en un contexto de preocupante estrechez fiscal.

*La autora de la columna es investigadora del centro de estudios Horizontal